Autoridades del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) desconfían de su propio personal ante la posibilidad de que filtren información clasificada al crimen organizado o a personas ajena al gabinete de seguridad del gobierno federal, por lo que de manera frecuente aplican acciones de contrainteligencia a funcionarios de ese organismo.

De acuerdo con documentos ministeriales a los que tuvo acceso La Jornada, desde 2008 se detectó que servidores públicos del Cisen presuntamente entregaban sobres y paquetes con información a sujetos extraños en restaurantes y lugares públicos, lo que motivó una denuncia de la consejería jurídica del organismo de inteligencia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

A partir de entonces, según fuentes gubernamentales consultadas, al menos cada tres meses se realiza un seguimiento puntual de algunos funcionarios del Cisen por otros de sus compañeros, quienes se encargan de seguir a sus colegas a los lugares que frecuentan. Es decir, unos a otros se espían en ese organismo de inteligencia.

Los datos que constan en la averiguación previa PGR/97/UEI DCSPCAJ/08 refieren que a finales de 2008 uno de los primeros funcionarios del Cisen en ser vigilado en secreto por el propio órgano de inteligencia fue Alejandro Arturo Rodríguez Rosas, quien a la postre fue despedido.

Rodríguez Rosas presuntamente estaba vinculado con Luis Miguel Dena Escalera, quien desde noviembre de 2005 había salido del Cisen para dirigir la Coordinación de Inteligencia para la Prevención de la Policía Federal Preventiva (PFP). Dena no duró mucho en la PFP y salió de ahí precisamente por filtración de información. Después abrió una empresa de seguridad privada en el estado de México, que en realidad se dedicada al espionaje político.

Otro caso de funcionarios del Cisen que vendían información clasificada al mejor postor fue el que en 2009 denunció ante la PGR un funcionario del área de soporte técnico de ese organismo, quien sostuvo que algunos de sus colegas sustraían información del órgano de inteligencia, denuncia que más tarde contribuiría a desmantelar una red de espionaje en el estado de México.

Luis Roa Balcázar, técnico en telemática de la estación de investigación metropolitana del Cisen, aparece en los documentos ministeriales consultados por este diario como testigo de acciones que se presume son ilegales y que fueron cometidas por funcionarios del centro de inteligencia en sus oficinas.

Roa Balcázar dijo a la PGR que Enrique Zaldívar, ex técnico en sistemas del Cisen, vendía información clasificada a un grupo de espías aparentemente dirigidos por Dena Escalera, ex delegado del Cisen en el Distrito Federal, el estado de México y Chiapas, y que operaba un centro de espionaje en el municipio de Naucalpan, el cual fue cateado en noviembre de 2008.

De acuerdo con el expediente, Roa declaró que Zaldívar –quien en 2009 era su jefe inmediato– revisó en una computadora información de carácter político. Dos partes informativos de agentes federales también refieren que Zaldívar se reunió en restaurantes con otros dos ex funcionarios, presumiblemente para proporcionarles informes del Cisen. Estos últimos, quienes también eran vigilados, dieron la pista de los inmuebles que fueron cateados en Naucalpan.

Algo similar ocurrió en el caso de Alejandro Rodríguez Rosas. El 22 de diciembre de 2008, Mario Torres López, entonces consejero jurídico del Cisen, acudió a la PGR para presentar una denuncia penal contra él por el delito de revelación de secretos.

“El 4 de agosto de 2008 se recibió una denuncia anónima indicando que en el exterior del Cisen Rodríguez Rosas entregó, de manera sospechosa, documentos a un tercero que no labora en el centro (…) por lo que se determinó darle seguimiento a este funcionario y se observó que se ve con personas ajenas y les entrega documentos”, refiere la querella.

Desde entonces, aseguran los funcionarios consultados por La Jornada, quienes pidieron no mencionar sus nombres, en el interior del Cisen se realiza contraespionaje.

Unos funcionarios vigilan a otros. Se vigilan sus movimientos durante determinado tiempo. A veces una semana. Otras ocasiones durante un mes. Estas revisiones se realizan cada tres meses y los funcionarios vigilados se escogen por sorteo, indicó uno de los informantes.

El delito de revelación de secretos no es considerado grave en la ley, por lo que el o los funcionarios que enfrentan ese cargo pueden llevar su proceso en libertad.