n su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del segundo trimestre del año, el Inegi estima la población del país en 108.3 millones (m) de personas, de las cuales 79.7 m tienen 14 años o más.

De éstas últimas (según la clasificación UNITË, favor de ver notas 2 y 3 del Gráfico 1), dos terceras partes (52.7 m) conforman la Población Económicamente Activa (PEA) y el tercio restante (26.9 m) la No Económicamente Activa.

De la PEA (52.7 millones), 85% (44.6 m) son personas con alguna ocupación, y 15% (8.1 m) son personas desocupadas (Gráfico 2); de éstas, 2.5 millones están en desocupación abierta (buscando trabajo) y 5.6 m en desocupación pasiva (disponibles y aptas, pero que han desistido de buscar trabajo).

En el anterior quinquenio (2005-II/2010-II) la población ocupada aumentó 9.5%, mientras que la desocupada aumentó 35.6%, y de ésta, la abierta 67.7 y la desocupada pasiva 25%.

Perfil de la ocupación

La población ocupada (44.6 millones) se distribuye como sigue (Gráfico 1):

1) Por posición: 65.6% son trabajadores subordinados (61.0 asalariados y 4.6 con percepciones no salariales); 23% son trabajadores por cuenta propia (desde profesionistas independientes hasta franeleros); 6.7 son trabajadores no remunerados (en pequeños negocios familiares principalmente), y 4.7 % son empleadores.

2) Por sector de actividad: en el sector agropecuario se ubica 13.2% de la población ocupada, en el industrial 23.7, y en el de servicios 62.4 (un tercio de ellos en el comercio); 0.7% no especifica.

3) Por nivel de ingresos: el 8.4% de la población ocupada no recibe ingresos por su trabajo, el 13.4% recibe hasta un salario mínimo ($55.77 por día, $1,673.10 por mes), 23.2% de uno a dos, y el 20.9% de dos a tres; esto es, 66% de la población ocupada formal e informalmente (29.4 millones de personas) no gana ni lo que constitucionalmente (art. 123) debería ser el salario mínimo en el país (unas tres veces el nivel actual).

El llamado salario mínimo ha sufrido una brutal erosión en su poder adquisitivo en las últimas décadas por dos razones principales: a) el interés de empresarios y gobiernos por abaratar el costo laboral, y b) el interés del gobierno por minimizar el pago de pensiones (indexadas al salario mínimo) tras haberse literalmente engullido por largo tiempo los fondos aportados por trabajadores y empleadores para tal fin.

Así, el salario mínimo fue convertido en un compresor para quienes trabajan con bajos ingresos y en una estafa para los jubilados del país. Éstos bien podrían, organizados, reclamar legalmente que el salario mínimo (sm) base de las pensiones fuera el mismo a valor actual del poder adquisitivo de cuando ellos cotizaron y aportaron sus cuotas. Pero mejor aun sería que el Congreso asumiera el caso y decretara por ley un incremento escalonado para triplicar en 10 años el salario mínimo sobre la base de horas, 40 a la semana, a valor presente (actual).

Tal medida no sólo empezaría a pagar una enorme deuda social pendiente sino que impulsaría decisivamente la economía. El impacto inflacionario podría neutralizarse con las mayores ventas, más eficiencia y un severo control y/o subsidios a los bienes y servicios básicos. Las pensiones deberían regresar a un Instituto Nacional de Pensiones, actualizarse, ordenarse y pagar lo justo (aun con tope de 15 SM) con fondos públicos que ahora el gobierno no tiene porqué gastar mal y en exceso, y porque cobra mal, arbitraria e inequitativamente los impuestos y el ISR en particular.

4) Por acceso a seguridad social: la ENOE sólo hace referencia a instituciones de salud (IMSS, ISSSTE o privadas), y a éstas sólo tienen acceso 15.6 millones de trabajadores, 35% de los ocupados, cuando debería ser 100%. Esto exhibe además la enorme contratación irregular/ilegal de trabajadores sin prestaciones tanto en el sector privado como en el público.

PEA y empleos formales

En el bienio 2008-II/2010-II la (PEA) aumentó en 2 millones 515 mil personas, mientras que los trabajadores asegurados en el IMSS son 25 mil menos (Gráfico 3). La diferencia entre ambos indica que en el bienio el país acumuló un déficit adicional de -2 millones 540 mil empleos formales.

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