ientras buena parte de las personalidades de la clase política mantienen un sainete llamativo, pero sin consecuencias, en torno a las debilidades de la estrategia de seguridad pública y de combate a la delincuencia organizada, el deterioro económico sigue agravando las condiciones de vida de la mayoría de la población, pese a que, oficialmente, la recesión ha terminado. Pero aun si se da por bueno el desarrollo de una recuperación económica, ésta no resulta satisfactoria ni siquiera para los ámbitos empresariales.

Así lo muestran, en sendos boletines periódicos, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), los cuales coincidieron en señalar la insuficiencia del crecimiento económico registrado en el curso del presente año en el país, y destacaron que el dinamismo del actual periodo puede explicarse por el desempeño de la economía estadunidense, en la medida en que el mercado interno no da muestras de un repunte importante. Ha quedado atrás la recesión, pero no hemos recuperado el terreno perdido en los meses críticos, afirmó la cúpula industrial. El CEESP, por su parte, llamó a gobernantes y políticos a no aprobar un presupuesto de egresos para 2011 que mantenga las prebendas y los intereses de ciertos grupos y sectores, y a tener en mente, en cambio, las necesidades más apremiantes del país y buscar que el gasto público se transforme en un motor de crecimiento económico y desarrollo social.

En forma paralela a la feroz ofensiva de la criminalidad y de la incapacidad de las autoridades de los tres niveles para contenerla, la situación económica sigue siendo un factor de inconformidad, en el caso de los empresarios, y de exasperación alarmante en ámbitos menos favorecidos de la población. En tales circunstancias, la mera recuperación de los niveles perdidos durante los años pasado y antepasado, suponiendo que se haya logrado, no sería suficiente: contentarse con restituir la pobreza, la desigualdad, la marginación y el desempleo a sus niveles de 2008, o incluso de 2006, equivale a aceptar que los años transcurridos de entonces a la fecha han sido tiempo perdido para el país.

Tal conclusión es, por donde quiera que se le mire, alarmante: los rezagos socioeconómicos, por un lado, y la inseguridad y la ruptura del estado de derecho, por el otro, no son fenómenos aislados e independientes entre sí, y aun si el actual gobierno tuviera éxito en la tarea de desarticular los estamentos más poderosos de la criminalidad organizada, la delincuencia, y la violencia y la zozobra que genera, no podrán ser reducidas en forma sustancial si no se atacan sus causas profundas, que no son otras que la miseria, la falta de puestos de trabajo, la desigualdad y la desintegración comunitaria, familiar y social.

No será excesiva la insistencia en la necesidad de emprender un viraje en la política económica vigente: hoy resulta más necesario que nunca emprender acciones orientadas a reactivar y fortalecer el mercado interno y crear empleos; a reducir en forma significativa las explosivas desigualdades sociales; a dar viabilidad a zonas del país en las cuales el narcotráfico es la actividad económica importante, y a restituir las capacidades del Estado en materia de redistribución de la riqueza.

Si no se actúa en consecuencia, la administración pública, de por sí acosada por el poderío de la criminalidad, habrá de hacer frente, además, a los factores de ingobernabilidad causados por la exasperación popular y a la inconformidad, acaso más sorda pero no menos riesgosa, de las elites empresariales.