La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se pronunció por una nueva ley de justicia para adolescentes que respete los derechos de ese sector poblacional y no coarte sus oportunidades de vida.

El subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos de la PGJDF, José Ramón Amieva Gálvez, rechazó aplicar en el procedimiento de justicia para adolescentes las herramientas de investigación y restrictivas de derechos sustantivos y procesales que se usan contra la delincuencia organizada, como se ha propuesto.

Agregó que es necesario regular la existencia y atribuciones de un Ministerio Público especializado en la investigación técnica, con una policía científica que respete las garantías individuales de los adolescentes, y que tanto las actuaciones como las herramientas de pesquisa y las medidas cautelares restrictivas de libertad estén sujetas al escrutinio de legalidad por parte del Poder Judicial, al tiempo que atiendan el catálogo de delitos graves considerado en el artículo 19 Constitucional.

Dijo que los jueces de control y proceso deberán operar, en salas de juicios orales adecuadas y mediante un proceso cuyo objetivo sea el esclarecimiento de los hechos, la protección del adolescente inocente, la procuración de que el culpable no goce de impunidad y que los daños se reparen con la participación de los padres, tutores o quienes posean la patria potestad.

Ello se logrará sólo si logramos vincular a los adolescentes con el entorno social y la vida familiar, en un marco de justicia social y existencia de oportunidades, señaló Amieva Gálvez. No podemos correr el riesgo de convertir el sistema de justicia para adolescentes en un eufemismo que permita reducir la edad penal a los 14 años.

Lamentó que el porcentaje de asuntos que se solucionan por la vía de la conciliación no sea el deseado. Por ello, la procuraduría capitalina es la más interesada en lograr que la justicia alternativa permita que sólo se lleven a juicio los asuntos que así lo ameriten por su complejidad o relevancia.

El subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos capitalino consideró que las formas de justicia alternativa deberán operar de manera eficiente para evitar la saturación de juicios orales.

Reconoció que el sistema de capitalismo desenfrenado, como el que vivimos, ha producido en este sexenio seis millones más de personas en situación de pobreza, donde la cifra de adolescentes y jóvenes en situación de precariedad es de 50 por ciento de los existentes en todo el país.