l Distrito Federal es el principal polo generador de riqueza económica, cultural y social de nuestro país. En los años recientes hemos dejado de aprovechar su potencial para detonar el crecimiento de nuestra economía nacional. Al contrario de lo que están haciendo muchos países, los cuales han comprendido el fenómeno mundial de urbanización y saben que su futuro esta ligado a sus ciudades, en el nuestro la falta de claridad sobre qué hacer con la economía incluye regatearle recursos a la zona más competitiva del territorio nacional. Para decirlo con claridad, si la ciudad de México no crece a una mayor tasa, el país tampoco lo hará.

La estrategia de minar la economía de la ciudad para ganar terreno en lo político es una mala idea, no sólo para los que aquí habitamos, sino para todo el país. La capital es no sólo el motor económico al generar entre 18 y 21 por ciento del producto nacional. También es el gran contribuyente: aporta, en promedio, más de la mitad de la recaudación total nacional de los impuestos federales, incluyendo ISR, IVA, IEPS y el impuesto sobre depósitos en efectivo. La proporción que recibe a cambio es de un peso por cada 10 que transfiere al resto de las entidades federativas. Por ello, si ahorcamos fiscalmente a la ciudad, perderá competitividad al limitar su capacidad de inversión en infraestructura física y capital humano, disminuirá su crecimiento económico, habrá menor recaudación y como consecuencia, menos transferencias al resto del país.

En 1996 tuvo lugar una reforma que reconoció sólo algunos derechos políticos a la ciudad de México, gracias a la cual hoy, por ejemplo, contamos con autoridades electas. Sin embargo, a partir de la entrada del primer gobierno electo, la ciudad perdió en el hecho la República y fue considerada como una entidad federativa más. Lejos de tener algún tipo de privilegio especial, ha sido motivo de constantes agravios económicos, que van desde pagar expropiaciones millonarias pendientes –incluso de los años 70–, pasando por la exclusión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), por el retiro de la inversión pública federal durante el gobierno foxista, el chantaje anual de diputados federales panistas o priístas –dependiendo de la mayoría en turno– para la aprobación del monto de la deuda pública, la reforma a las fórmulas de la Ley de Coordinación Fiscal de 2007 que le ha costado a la ciudad 7 mil millones de pesos o el más novedoso cálculo del PIB por parte del INEGI, donde perdimos cuatro puntos por razones metodológicas.

Ser la capital para cualquier ciudad, sin duda que genera grandes beneficios y oportunidades. Pero también existen costos inherentes a dicha condición. Por ejemplo, en nuestro caso, los inmuebles del gobierno federal, las sedes de los poderes Legislativo y Judicial y las embajadas, no pagan el impuesto predial, al tiempo que hay que brindarles seguridad y todos los servicios públicos. Lo mismo sucede con el aeropuerto de la ciudad de México, donde los negocios ahí establecidos tampoco pagan el referido impuesto y hasta hace poco no pagaban ni el agua. La atención de marchas y manifestaciones, la mayoría de ellas generadas por problemáticas de competencia federal, es otro asunto que la ciudad absorbe por ser la capital de la República. En los reclusorios capitalinos hay cada vez hay más reos por delitos federales y la conservación y mantenimiento de muchos lugares emblemáticos y monumentos nacionales se realizan sólo con el esfuerzo local. Además de ello hay que sumar los servicios públicos –seguridad, transporte público, agua, energía– que deben ofrecerse a más de 7 millones de personas que todos los días vienen a trabajar de la zona metropolitana.

El financiamiento de las grandes ciudades es uno de los principales retos para muchos países. Mediante distintos mecanismos, los gobiernos nacionales han decidido impulsar el desarrollo de sus capitales porque entienden el carácter estratégico de éstas en un contexto global de competencia entre ciudades. Fondos especiales de desarrollo, distribución de costos del mantenimiento y expansión de la infraestructura urbana y los servicios públicos metropolitanos; limitación de exenciones fiscales, mayores facultades y potestades tributarias, mantenimiento compartido de los monumentos nacionales, autorregulación de su endeudamiento o simplemente la no exclusión de la capital de ningún fondo, son las fórmulas que se siguen en distintas partes del mundo para financiar los grandes conglomerados urbanos.

Por todo lo anterior, es momento de discutir seriamente la anhelada reforma política del DF no sólo al interior de la ciudad, sino en una perspectiva nacional que nos permita potenciar el crecimiento de la economía nacional y de dotar al DF de plenos derechos políticos como los tienen el resto de las entidades federativas.

*Secretario de Educación y ex secretario de Finanzas del GDF