ILUSTRACIÓN: Hernán García Crespo

No al confinamiento de residuos peligrosos en el desierto

Mayeli Irais Ruiz Lugo

Sin informarlo al ayuntamiento local ni a los medios de comunicación –y por tanto, incumpliendo el reglamento de impacto ambiental–, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó el 13 de octubre de 2005 el proyecto de confinamiento de residuos peligrosos La Choya, en el municipio General Plutarco Elías Calles, en el noroeste de Sonora, en vecindad con Estados Unidos. El permiso de operaciones fue extendido a la empresa Centro de Gestión Integral de Residuos.

De inmediato se desató un rechazo de las comunidades pápago, presentes en este municipio, como en el lado estadounidense, que se aliaron con otros sectores sociales para impedir la instalación del confinamiento. Hasta ahora, su lucha ha sido exitosa.

La manifestación de impacto ambiental del proyecto omite los efectos socio-culturales. Sólo menciona ciertos impactos sobre flora, fauna y paisaje, pero no habla de la gente. De hecho dice que no hay población susceptible de afectación. Afirma que no existe evidencia de asentamientos históricos ni arqueológicos, es decir, ignora completamente que el lugar del proyecto está ubicado en territorio pápago y aún más, que está junto a zonas sagradas para esta población indígena.

Sandra Martínez Contreras, coordinadora ejecutiva de la Red Fronteriza de Salud y Ambiente, AC, lo describió así: “Ignoran la existencia de la laguna Quitovac. Los que conocen el desierto pueden imaginar la importancia de una laguna en un lugar tan seco, es un oasis, y para los pápagos es un lugar sagrado porque ha sido siempre un centro de reunión importante, un centro ceremonial importante dentro de su cultura”.

La situación fue comentada por Sandra Martínez en mayo pasado, durante el Viaje Nacional de la generación 14 de la maestría de Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

La manifestación ambiental también menciona que las poblaciones más cercanas están a unos 40 kilómetros, que son Caborca y Sonoyta, entonces “ésta es una forma de invisibilizar a los pueblos indios, y si ustedes toman la carretera no van a ver ningún aviso de desviación a Quitovac. Cualquier ejido, cualquier ranchería tiene un anuncio, pero Quitovac no. Finalmente para el gobierno son indios y no existen y aquí se nota claramente, dicen que no hay población allí”, indicó Sandra Martínez.

La población está junto a la carretera que comunica a Hermosillo con Mexicali; que une a México con la península de Baja California. “Es una carretera muy conflictiva porque es de sólo dos carriles, donde transitan las mercancías que van hacia Baja California. Hay muchos accidentes, y por eso precisamente –no sólo por la importancia del territorio para la cultura indígena–, por eso es motivo de alarma (...) El hecho de que los residuos transiten en una carretera tan peligrosa pone más en riesgo el territorio, por posibles accidentes y derrames de los residuos peligrosos”.

Las acciones que tomaron los pápagos y sus aliados incluyeron el bloqueo de calles y protestas afuera de la sede del ayuntamiento. La comunidad no indígena que habita en Sonoyta apoyó incondicionalmente la protección del territorio indígena porque vive junto a ellos y resultaría afectada también.

Se formó una asociación civil que se llama Ciudadanos Comprometidos con Sonoyta; sus líderes fueron el párroco del pueblo, maestros y maestras de la localidad y amas de casa, siendo “en la iglesia donde había grandes concentraciones de gente para discutir el problema. Esto propició que el ayuntamiento tomara la decisión de negar el permiso de uso de suelo. Esto fue realmente lo que frenó la instalación del confinamiento”.

La empresa no ha podido tener hasta ahora la autorización municipal de uso de suelo para empezar el proyecto, aun cuando tiene las autorizaciones federales.

El permiso que otorgó la Semarnat vence en octubre de este 2010, y como no se ha podido instalar otro confinamiento de residuos peligrosos, es muy probable que la empresa solicite una ampliación del plazo para ejercer el permiso. Pero “nosotros seguimos en estado de alerta, lo que estamos haciendo es tratar de amarrar un acuerdo con el cabildo de Sonoyta, porque ya hubo cambio en la administración. Queremos que el cabildo diga que sigue en la postura de no autorizar el permiso de suelo para ese confinamiento”, concluyó Sandra Martínez.

Maestrante en Desarrollo Rural, UAM Xochimilco

ILUSTRACIÓN: Dagchen Rinpoche Programa tóxicos y salud en los valles del yaqui y del mayo Jaime Simón Cortés Corman Desde que nació, la Red Fronteriza de Salud y Medio Ambiente, AC, ha trabajado con mujeres por razones estratégicas: ellas tienen un interés marcado en los temas ambientales y además cuentan con gran capacidad para crear redes, compartir experiencias y brindar su tiempo a favor de la protección de la salud de sus comunidades. Así lo comentó Sandra Martínez Contreras, coordinadora ejecutiva de esta Red, y relató que luego de un trabajo continuo de formación de promotoras, en coordinación con diversas instituciones, con universidades y a veces con otras organizaciones no gubernamentales, en 2005 la Red pudo concretar un programa de trabajo denominado Tóxicos y Salud. Para ello, se alió con la Federación Cobanara. Esta federación que es de mujeres –y cuyo nombre Cobanara significa en lengua kaita “que gobierna”, o sea “mujeres que gobiernan”– tiene una red de promotoras en el sur de Sonora, en comunidades de los valles del Yaqui y Mayo y en la parte serrana. Cobanara había empezado a trabajar el tema de plaguicidas y salud después de haber tenido bastante éxito desarrollando proyectos productivos. Sus comunidades sufren diversos grados de marginación y son beneficiarias de programas sociales, de combate a la pobreza. Con base en éstos, las mujeres crearon cajas de ahorro y empezaron a autofinanciar sus proyectos. “Fueron tan exitosas que un día dijeron: ‘queremos hacer más, no solamente queremos hacer cosas que nos den dinero para nuestras familias; estamos viendo todo el problema ambiental que hay en la región y nosotras queremos trabajar en ello’”, relató Sandra Martínez en una reunión reciente con estudiantes de la Maestría de Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitna, Unidad Xomilco. Fue así que la Red Fronteriza comenzó a coordinarse con Cobanara y “les empezamos a ayudar a hacer sus diagnósticos de salud y medio ambiente, y a partir de ahí a hacer sus programas y sus campañas de trabajo”. El programa de Tóxicos y Salud ha realizado con las promotoras varias campañas, como la emprendida contra el lindano y contra los plaguicidas caseros. En Sonora, al igual que en el resto del país, se sigue recetando lindano para matar los piojos de los niños; forma parte del catálogo de medicinas del gobierno federal. En Hermosillo no se utiliza, pero sí en poblaciones rurales. “Incluso llega el doctor de la clínica con una caja (de lindano) al kinder para que la maestra lo reparta”, dijo Sandra Martínez. En la campaña de plaguicidas caseros, las promotoras fueron las primeras en hacer visitas domiciliarias; llegaban a los hogares y aplicaban una encuesta de ocho preguntas. Esto les servía para sentarse con las amas de casa e informarles de las consecuencias nocivas de esos tóxicos. Concluida la visita, la persona encuestada se quedaba con un folleto donde venía la información de los daños que provocan los plaguicidas caseros. Las promotoras han estado diseñado diversas formas de llevar información a la comunidad. El proyecto más reciente que la Red Fronteriza tiene con Cobanara es el de Monitoreo Comunitario de Plaguicidas, que es una iniciativa de la Red Internacional de Plaguicidas cuyo objetivo es documentar la exposición a plaguicidas en diferentes partes del mundo. Ya se ha desarrollado en Uruguay y Argentina. En el caso de México, las promotoras y la Red Fronteriza están haciendo este monitoreo para documentar experiencias y presentarlas en las reuniones de convenciones internacionales, como el Tratado de Estocolmo, donde México participa, y comprobar así cómo las trasnacionales están incumpliendo con los acuerdos sobre el manejo de los plaguicidas. Hay varias instituciones en el sur del estado que han documentado la alta incidencia en la zona de cáncer, leucemia, problemas en la piel y respiratorios, los cuales están estrechamente relacionados con el uso de plaguicidas, aunque la autoridad nunca aceptará esta idea. Es importante que la discusión de estos asuntos se haga a nivel comunitario y por eso hay que valorar el papel de las promotoras de la Federación de Cobanaras. Maestría en Desarrollo Rural, Universidad Autónoma Metropolitina