En la lucha contra el crimen organizado ningún gobierno tiene el derecho de hacerse a un lado. Es responsabilidad de todos atajar con la fuerza del Estado a quienes pretenden frustrar nuestra convivencia y no admite fisura alguna, afirmó el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Roberto Gil Zuarth, al participar en el Congreso Internacional: Uso de la Fuerza Pública en un estado Democrático de Derecho.

El funcionario reconoció, en entrevista, que a dos años de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, los resultados no son los esperados, porque no son tangibles para los ciudadanos. Aun así, indicó, se tiene que hacer un balance de lo que se ha cumplido y lo que falta por todos los signatarios, y con independencia buscar el fortalecimiento de los compromisos y realizar nuevas acciones.

Durante su intervención, Hacia una regulación de la fuerza pública, declaró que es necesario que los agentes de seguridad tengan garantías personales e institucionales para ser defendidos ante toda acusación que se presente en su contra por supuestas violaciones a derechos humanos durante actos de la fuerza pública.

Es necesario, comentó, que la aplicación de la fuerza pública sea regulada, pero también que se establezcan mecanismos que determinen el grado de fuerza que los policías deben aplicar, de acuerdo con el riesgo de la acción, pues no se usa la misma para dar protección a la ciudadanía que acude a un acto público, como un concierto, que la empleada cuando se trata de repeler una emboscada.

Asimismo, aseveró que efectivos del Ejército y de la Secretaría de Marina realizan actividades de seguridad pública debido a la debilidad institucional de los cuerpos policiacos y por la alta capacidad de fuego de los delincuentes, quienes ya se habían hecho del dominio de territorios enteros.

Sin embargo, puntualizó, “eso no significa que las tareas a que están destinadas las fuerzas armadas en este momento vayan a ser permanentes ni vayan a asumir de una vez y para siempre las responsabilidades civiles para garantizar la seguridad.

Las fuerzas armadas están cumpliendo una función temporal y complementaria, hasta que tengamos la capacidad institucional en nuestros cuerpos policiacos para repeler esas agresiones, porque hay ciertas amenazas que no sólo inciden en la seguridad interior. Hay amenazas, como el narcotráfico, que ponen en riesgo la seguridad nacional.

Para el funcionario, quizá el nivel de la amenaza (del crimen organizado) es equivalente a un conflicto de larga envergadura, porque los delincuentes no tienen un compás moral. Están bien armados y se disputan territorios, porque son organizaciones con una estructura disciplinaria importante, tienen capacidad de reclutamiento, financiera y de cooptación en instituciones.

Si bien consideró necesario que se incremente la capacidad de fuego que utilizan las corporaciones policiacas para repeler grupos criminales, también se deben reordenar los modelos policiales y disminuir la capacidad de fuego de los adversarios, porque si no se tendría una espiral de nunca acabar.