Senadores y diputados de PRI, PRD y PT consideraron que los Diálogos por Seguridad fueron sólo farsas mediáticas, ya que el presidente Felipe Calderón refrendó al final que sigue con la misma estrategia y por ello mantendrá al Ejército en el combate al narcotráfico hasta el final del sexenio.

Ese reconocimiento da la razón al PRI de no haber asistido a esa reunión, en la que nunca hubo la intención de cambiar nada, advirtió Fernando Castro Trenti, senador del tricolor.

Su compañero de partido, el diputado Sebastián Lerdo de Tejada, consideró que es lamentable la decisión de Calderón de no regresar las fuerzas armadas a sus cuarteles, pues continuarán con un desgaste que no se merecen.

El coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, y el diputado perredista Agustín Guerrero señalaron que aquellos que sí se presentaron a los llamados Diálogos por la Seguridad deberían preguntarse qué sentido tuvieron éstos, ya que ni siquiera se tomaron en cuenta los puntos de vista de actores políticos, académicos y otros sectores.

Castro Trenti criticó que en lugar de anunciar las acciones necesarias para sanear las corporaciones policiacas, a fin de que a corto o mediano plazo asuman la tarea que les corresponde –enfrentar a la delincuencia organizada–, Calderón lo único que anuncia es que mantiene al Ejército en las calles hasta el final de su gobierno.

Irrebatible presencia militar

La diputada del PRD Leticia Quezada lamentó la posición del Ejecutivo, pues con ello se desechó cualquier posibilidad de cambio en la estrategia contra la delincuencia. De nada sirve llamar a un diálogo si en las conclusiones se asegura tajantemente que la permanencia de los militares es irrebatible, puntualizó la vocera perredista en San Lázaro.

Arturo Zamora, diputado priísta, señaló que, ante la insistencia de Calderón, se tendrá que legislar para que las fuerzas armadas cuenten con validez jurídica en los procedimientos que realizan.

Los legisladores coincidieron en que es cuestionable que el Ejecutivo trate de chantajear al Congreso al señalar que, si no se otorgan más recursos para la seguridad pública, deberán incrementarse los impuestos. Eso está fuera de lugar y es, además, discutible, porque, a pesar de los aumentos que se le han concedido para el combate al crimen organizado, hay subejercicios, incluso en la dependencia que encabeza Genaro García Luna.

El diputado priísta Jorge Carlos Ramírez Marín se refirió a la propuesta presidencial de reasignar recursos de programas que no han sido eficaces, para utilizarlos en seguridad, y destacó que, si se van a quitar recursos con el pretexto de que son proyectos que no dan buenos resultados, lo primero que tendría que hacer Calderón es remover a los secretarios de Comunicaciones y Transportes y de Seguridad Pública, pues no presentan ningún resultado y, por el contrario, han causado graves daños a la economía del país.

Senadores y diputados insistieron en que es poco serio que fuera al final de los diálogos cuando Calderón definió que piensa concluir su sexenio con el Ejército al frente de la lucha contra la delincuencia. Tendría que haber expresado eso desde el principio, cuando invitó a los gobernadores, a los ministros de la Corte y a otros actores políticos, en lo que ahora entendemos que fue sólo un monólogo.

Habrá dinero cuando el Presidente se decida a tocar a grandes consorcios: Ramírez Cuéllar

Una visión policiaca es reduccionista, opina Oxfam

Pobreza, la raíz del problema delictivo: Max Correa

Carolina Gómez y Mariana Norandi

Si el presidente Felipe Calderón necesita más recursos para el combate al narcotráfico, no debe echar mano de lo asignado a programas sociales ni subir impuestos como el IVA, señalaron organizaciones campesinas y de la sociedad civil. Hacerlo sería responder a una visión reduccionista y errónea, pues al descuidar flancos que son el origen del problema, en lugar de desalentar la delincuencia incrementará las actividades ilegales en el país.

Agrupaciones campesinas aseguraron que hay que obligar a pagar impuestos a los grandes consorcios que los eluden o que gozan de beneficios fiscales, meter tijera a los gastos superfluos del gobierno y canalizar mayores presupuestos para abatir la pobreza, el desempleo y la precariedad salarial, causas que originan y reproducen el problema.

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de El Barzón, indicó que si el Ejecutivo “requiere mayores recursos para su guerra contra el narco, hay mucha tela de dónde cortar”. Propuso que se apruebe una reforma fiscal que cancele todos los regímenes tributarios de privilegios de los que gozan las grandes empresas y elimine todas las deducciones de las que se valen mediante los donativos.

Señaló que, así, el dinero alcanzaría incluso para “completar el presupuesto antipobreza, sobre todo para atender a los jóvenes que viven en los cinturones de pobreza de las ciudades y que el narco recluta”.

Con esto último coincidió Max Correa, líder de la Central Campesina Cardenista (CCC), quien señaló que si los jóvenes tuvieran mayores oportunidades de educación muchos no estarían en las listas de reserva de la delincuencia organizada; habría menos candidatos a ser sicarios.

Apuntó que los jóvenes que se suman al crimen organizado son los que no tienen trabajo ni lugar en la educación media básica y superior; quienes mueren en esta guerra son hijos de familias pobres a las que el modelo económico negó acceso a educación, empleo y vida digna. Habría que afinar la estragia y que el objetivo sea atacar los orígenes del problema.

Organizaciones civiles indicaron que el incremento del crimen organizado se relaciona con la falta de acceso a la salud, educación, a un trabajo digno para los jóvenes.

Un mensaje claro de los Diálogos por la Seguridad es que una visión meramente policiaca es reduccionista e ineficiente y que esto debe complementarse con inversión social, sostuvo Carlos Zarco, director ejecutivo de Oxfam México.

Blanca Rico Galindo, directora ejecutiva de la organización Semillas, Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, añadió que pese a que no todos los programas sociales son eficientes, éstos ya se han reducido lo suficiente como para recortarlos más. Calificó de preocupante que se quiera sacrificar otra vez los programas sociales para invertir más en una estrategia antinarcotráfico que ha demostrado ser ineficiente.

Claudia Jusidman Repoport, presidenta de Incide Social, defendió la propuesta de Calderón únicamente si con el recorte de programas de baja rentabilidad social se invirtiera en otros para redoblar esfuerzos para prevenir el delito. Pero si éste se destina a aumentar la presencia policial, militar y armamentística, entonces la medida es cuestionable y no soluciona el fondo del problema.

Ramírez Cuéllar insistió en que cuando el Ejecutivo se decida a tocar los intereses de los consorcios habrá dinero para combatir al crimen y para apoyar el presupuesto social; no sólo hay que pedir más dinero para comprar pistolas, hay que llevar más recursos al combate a la pobreza.

Correa subrayó que también hay que saber de qué tamaño es el monto verdadero que se destina a esta estrategia [contra el narcotráfico] y ver si se utiliza de manera óptima o hay dispendio y conocer a cuánto ascienden los decomisos de dinero en efectivo y qué destino se les da.