as declaraciones del cardenal Sandoval parecen haber tomado prestado de Groucho Marx una máxima sobre la política. Decía el genial cómico que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados.

Lo típico del fanatismo es la analogía extralógica y la falta de matiz. De suerte que en este caso la jerarquía eclesiástica descalifica a los que piensan diferente y equipara con narcotraficantes a los promotores de la ley de adopción entre parejas del mismo sexo. Pero sería ingenuo suponer que este episodio se trata sólo de un cardenal extravagante o un vocero vulgar. Siendo cierto lo anterior, hay sin embargo más.

Por una parte, conforme se derrotó en toda la línea el intento de aggiornamento que vivió la Iglesia católica con Juan XXIII, terminó apoderándose de la alta jerarquía romana una visión integrista y medieval para la cual todo aquello que encarne secularización y modernización debe ser combatido como contrario a la fe. Lo central de esta visión de largo plazo que inauguró el papa Juan Pablo II al día siguiente de la caída del muro de Berlín es la cruzada contra los males, dicen, del capitalismo y el fetichismo de lo material, pero que engloban bajo el concepto de relativismo moral. El relativismo moral es la palabra clave que encubre el combate al pluralismo y a la libertad de creencias, a la igualdad entre el hombre y la mujer, a la libertad en el uso del cuerpo y a las preferencias, incluyendo las sexuales, y al imperio de la ley civil.

El anticapitalismo que desde ahí se postula es profundamente antiliberal y los valores que ofrecen, así sean endulcorados con términos como la solidaridad, en realidad remiten a sus viejos buenos tiempos cuando, como señala este viernes Jesús Rodríguez Zepeda en El Universal: la moral pública y la ley civil no eran más que una extensión del dogma religioso.

Pero a ese proyecto milenario se añade un proyecto más inserto en la historia y la coyuntura mexicanas.

Cuando el cardenal de Guadalajara afirma que “los ministros de la Corte fueron maiceados por Marcelo Ebrard para avalar la adopción de menores por matrimonios entre personas del mismo sexo”, y no aporta prueba alguna que apoye su acusación de soborno, causa daño moral a los ministros del tribunal supremo y al jefe del Gobierno del DF, y está obligado a la reparación del daño.

Pero es precisamente eso lo que quiere poner a prueba la jerarquía eclesiástica mexicana. Un gobierno débil y dañado en su legitimidad en medio de un conjunto de poderes reales que crecientemente retan y erosionan el poder del Estado abre una coyuntura aparentemente favorable para que la jerarquía católica reasuma su lucha histórica contra el Estado laico y las leyes mexicanas.

Además, lo dicho por Sandoval Íñiguez es profundamente inconsistente: condena la unión entre personas adultas del mismo sexo y su derecho de adopción, pero no las relaciones homosexuales de sacerdotes con menores en su propia institución, situación generalizada de pederastia que agobia a la Iglesia católica en el mundo. La Iglesia católica mexicana experimenta un grave deterioro moral derivado de escándalos como los casos de pederastia de Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo.

Más allá de la discusión sobre matrimonios gay y su derecho a la adopción que la Suprema Corte ya ha zanjado, de lo que aquí se trata es de establecer de manera contundente que las iglesias, particularmente la católica, porque sistemáticamente intenta violar las leyes, no pueden proferir calumnias impunemente. Esto no es persecución religiosa como tramposamente plantea el vocero de la arquidiócesis, sino rechazar que alguien, por intocable que se sienta, viole las leyes que rigen en el país.

Por ello tiene razón el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard. Se trata de defender el Estado laico.

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