Cancún, QR. 20 de agosto. El gobernador de Quintana Roo, el priísta Félix González Canto; el magistrado electoral, Víctor Vivas Vivas, y el juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Fidel Villanueva García, tienen concesiones de taxi en la isla de Cozumel, donde figuran como ruleteros de acuerdo con un documento oficial de la Secretaría de Infraestructura y Transporte del estado (Sintra).

No obstante lo anterior, a los choferes de taxis de Chetumal y Cancún que han pugnado por la entrega de concesiones de transporte público, el gobierno estatal se las ha negado.

El documento de Sintra, dado a conocer por conducto de la Unidad de Transparencia, muestra las concesiones de taxi en Cozumel donde destacan funcionarios públicos y sus familiares. González Canto aparece con una concesión de transporte público con vigencia indefinida para prestar el servicio desde 2005, cuando ya era gobernador.

También el magistrado del TSJ, Fidel Gabriel Villanueva Rivero, aparece como taxista. El togado, además, fue subsecretario del ayuntamiento de Cozumel, juez penal y en septiembre de 2009, a propuesta del gobernador, magistrado del TSJ.

Otro taxista es Víctor Venamir Vivas Vivas, magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo y sobrino de González Canto.

Asimismo, aparecen parientes de políticos locales, como Lenin Matías González Padrón, padre del gobernador; Roberto Borge Martín y Cecilia Borge Martín, padre y hermana, respectivamente, del mandatario electo, Roberto Borge Angulo.

Eduardo Martínez Arcila, dirigente local panista en Cancún, dijo que eso es una muestra de que las concesiones de taxi en el estado quedan en manos de políticos y de sus familiares, y se margina a los choferes, a quienes ni siquiera se les permite constituir un sindicato.

En Quintana Roo las concesiones de taxi las reparte el gobernador de turno a discreción, y siempre es para el pago de favores políticos o para favorecer a sus familiares, acusó el panista.

El ex diputado perredista Héctor Ortega agregó, en tanto, que la Ley de Transporte en el estado es letra muerta. “Mientras no exista en el Congreso una mayoría de diputados ajenos al PRI, seguirá vigente la ‘ley del gobernador’ –como se le conoce a la Ley de Transporte Público–”, refirió.

En diciembre de 2009, choferes de Chetumal presentaron ante el Congreso local la primera demanda de juicio político contra el gobernador por la entrega de 108 placas de taxi –entre el 21 de noviembre de 2005 y el 15 de mayo de 2007–, con el argumento de que violó el Reglamento de Transporte y Explotación de Vías Carreteras del estado.

Además, choferes de Cancún, a quienes les negaron concesiones, protestaron contra el gobernador con un plantón en el DF.