Bahía del tóbari: crónica de un ecocidio anunciado

FOTO: Inegi

Milton Gabriel Hernández García

Ecosistema marino de una alta productividad pesquera; espacio sagrado para la tribu yoreme-mayo; zona de refugio en los tiempos del exterminio yaqui. La Bahía del Tóbari y la Isla Huivulai, compartidas por las zonas litorales de los municipios de Cajeme, Benito Juárez y Etchojoa en Sonora, han sido espacios de vital importancia para la reproducción sociocultural de los pueblos y comunidades de la costa sur de ese estado. Sin embargo, desde los años 40s del siglo XX, un complejo de políticas de desarrollo las ha llevado a un escenario casi apocalíptico.

La construcción de una de las regiones agrícolas más prósperas en el noroeste del país, a partir del desmonte y canalización de los valles del Yaqui y del Mayo y sobre todo de la introducción del paquete tecnológico de la revolución verde, implicó para sus promotores el problema de la disposición de las aguas residuales utilizadas en el riego. La solución más cercana y sencilla, al estar enclavado este esfuerzo productivo en una zona costera, fue descargar las aguas excedentes en el Mar de Cortés o Golfo de California, tanto en esteros como en lagunas costeras y bahías.

Al paso de las décadas, los efectos se han hecho sentir: miles de toneladas de azolve arrastradas desde los campos agrícolas hacia los esteros con una alta presencia de agrotóxicos que se utilizan en los cultivos. Desde hace tres décadas, la Bahía del Tóbari se encuentra cubierta por el lodo agrícola que hace cada vez más imposible no sólo la navegación de los pescadores ribereños en sus aguas, sino la reproducción de especies marinas que paulatinamente han dejado de existir, como tortugas, totoabas, sierras y tiburones, entre otras.

En la Zona Federal Marítimo-Terrestre de este cuerpo de agua, hacia 1938 fue fundada por pescadores pertenecientes a la tribu mayo una de las primeras cooperativas ribereñas promovidas por el gobierno de Lázaro Cárdenas: la Paredón Colorado. Los primeros pescadores asentados en la bahía basaban su subsistencia en artes de pesca confeccionadas artesanalmente, como las atarrayas y las trampas para jaiba elaboradas con arbustos y raíces de manglar. Sin embargo, al acumularse el azolve y la contaminación de la bahía, muchas de estas especies dejaron de reproducirse o de refugiarse en el Tóbari. Pronto se vio la necesidad de innovar con novedosas artes de pesca como los chinchorros y embarcaciones de mayor potencia como las pangas impulsadas con motores fuera de borda. Sólo de esta manera se podía salir a mar abierto a capturar las especies que, cautelosas, evitaban incursionar en aguas con un alto nivel de contaminación. Estas condiciones empezaron a establecer una clara diferenciación social de carácter jerárquico entre quienes podían adquirir estos nuevos insumos de pesca y quienes no podían hacerlo.

Desde la década de los 40s, la productividad pesquera de la bahía ha subsistido precariamente a pesar de una tendencia progresiva hacia el descenso, al grado que muchas especies marinas definitivamente desparecieron de las aguas yoreme. A la catástrofe en curso se ha sumado la acción depredadora de la industria acuícola que ha instalado dos granjas orientadas a la producción de camarón de estanque: instaladas desde hace diez años y promovidas por el gobierno estatal y por inversionistas de Ciudad Obregón vinculados a la familia Bours (una de las más poderosas y acaudaladas del estado), han terminado por extinguir virtualmente la poca naturaleza que quedaba en la bahía: sequía de manglar, más contaminación de agua salobre de los esteros y nuevamente desechos de aguas residuales hacia el mar, con altas concentraciones de calhidra. Hoy en día, a propios y extraños les resulta evidente la decadencia con sólo pararse frente a la bahía. La playa ha cedido ante la presencia del azolve, y la imagen de los pescadores impulsando sus embarcaciones “a palanca” en medio del fango, debido al bajo nivel del agua, se ha vuelto cotidiana.

A pesar de la crisis de la pesca, existen ribereños que se empeñan en seguir vinculados al mar, capturando especies que se resisten a desaparecer, como el camarón, la jaiba y algunos peces que antes carecían valor comercial. Pero lo cierto es que la gran mayoría se ha visto obligada a alternar el “trabajo en marea” con la venta de su fuerza de trabajo en los campos agrícolas de la región; precisamente en aquellos que por consecuencia de sus efectos residuales, han condenado a muerte al “pedazo de mar” del cual dependía la existencia de los pescadores, ahora también jornaleros. A pesar del panorama desolador que sugieren las líneas anteriores, es imprescindible señalar que algunas organizaciones como el Centro Cultural Indígena Mayo, así como las federaciones regionales de sociedades de producción que aglutinan a 33 cooperativas, han mantenido una lucha ejemplar para revertir los efectos de los distintos modelos de desarrollo hegemónico que tienen a la producción pesquera contra la pared. Sin embargo, para muchos ribereños de la bahía es claro que el tiempo se acaba y que sólo la acción organizada de un movimiento social del sector pesquero de carácter nacional podrá enfrentar a quienes ven en el mar no un territorio, una praxis, una forma de vida, sino un receptáculo para los desechos del mundo terrestre que produce el capital.

INAH/UAM-X/CEDICAR

Estragos del terremoto en el
valle de Mexicali

José Ascención Moreno Mena

Luego de casi cinco meses del terremoto que el 4 de abril sacudió el norte de Baja California y el sur de California, los residentes del valle de Mexicali son escépticos de que las promesas de los funcionarios federales y estatales se cumplan.

El valle de Mexicali, emporio algodonero en la primera mitad del siglo XX, situado en el extremo noroeste de Baja California, cuenta con 14 delegaciones; cuatro de ellas, Estación Delta, Carranza, Guadalupe Victoria y Colonias Nuevas, sufrieron graves años en su infraestructura carretera, hidráulica y eléctrica. En la región norte, poblados enteros quedaron devastados, con destrucción total en su topografía y red hidráulica, entre ellos Oaxaca, Delta, Zacamoto y Durango. Buena parte de esa zona no podrá ya ser habitada, pues aparte del hundimiento del terreno (de uno y hasta dos metros de profundidad), hay un continuo brote de aguas azufradas que inutiliza los terrenos de cultivo.

Los daños en las tierras de cultivo del valle de Mexicali son cuantiosos. Oficialmente se reconoce daño en más de 70 mil hectáreas porque su infraestructura hidráulica quedó inutilizada, y otras 28 mil fueron afectadas por falta de conducción de agua y también por salinidad, hundimientos y grietas. Debido al movimiento telúrico, el suelo del valle se mezcló con los minerales del subsuelo, lo que cambió su composición química, y por eso ya no es apto para la agricultura.

Como suele ocurrir en situaciones así, los más afectados fueron los pobres, en este caso ejidatarios, colonos y jornaleros. En principio se mencionó que 25 mil residentes sufrieron algún daño en sus viviendas o parcelas, pero el número aumentó cuando se realizaron los diagnósticos gubernamentales. Más de cinco mil viviendas rurales se afectaron de manera severa por los hundimientos e inundaciones y otras tantas se desplomaron literalmente.

Los productores más golpeados fueron los de trigo y alfalfa, tanto del valle de Mexicali como de su vecino valle de San Luis (ambos comparten las aguas del Río Colorado). Los daños a esos cultivos se estiman en más de 700 millones de pesos. Miles de hectáreas fueron siniestradas, unas por falta de riego y otras porque fueron anegadas con aguas azufradas. No obstante, el ciclo otoño-invierno 2009-2010 cerró con una producción de 612 mil toneladas en todo el valle de Mexicali, con rendimiento promedio de 6.978 toneladas por hectárea.

La comunidad El Mayor, donde habita la mayoría de los cucapah –tribu milenaria en peligro de extinción, situada en las faldas de la sierra Cucapah– sufrió la inundación de sus viviendas, debido a la elevación del agua en el Río Hardy como consecuencia del terremoto.

El temblor trastocó las corrientes del río, que desemboca en el Golfo de California donde los cucapah tradicionalmente pescan la especie curvina lobina, Los indígenas se han visto obligados a abandonar temporalmente esta actividad, que es la principal para ellos, y su futuro es de incertidumbre.

Los indígenas de El Mayor, cucapah mestizo y cucapah indiviso, que se encuentran a 50 kilómetros de Mexicali, se refugiaron, unos en las colinas y otros en la frontera de Sonora-Baja California con la ayuda de sus hermanos radicados en Arizona y California y de organizaciones humanitarias. Apenas en las semanas recientes algunos se han atrevido a regresar para reconstruir sus casas y cuidar sus pertenencias.

La miseria y el olvido en que vive esta comunidad y la desatención gubernamental, fueron puestos en evidencia con el sismo.

El terremoto demostró la incapacidad del las autoridades estatales y municipales para hacer frente a una catástrofe como la ocurrida. Durante las primeras 72 horas la incertidumbre de los residentes del valle de Mexicali creció al ver destruidas sus casas y no contar con alimentos ni agua para el consumo humano. No sabían a dónde acudir por ayuda, porque el gobierno local no actuó con celeridad para declarar al valle zona de desastre. Durante ese periodo las autoridades se dedicaron a evaluar los daños, en vez de actuar. La población sólo veía pasar las múltiples caravanas de funcionarios estatales que acudieron con las manos vacías.

El gobierno estatal asumió el mando de las acciones de apoyo y la rehabilitación de casas y carreteras, pero no intervino hasta que tuvo un diagnóstico completo de la situación. El Ejército Mexicano apareció como mero espectador, no puso en marcha el plan de emergencia DN-III que corresponde en este tipo de sucesos. El presidente municipal de Mexicali justificó su inmovilismo, endilgando la responsabilidad al gobierno estatal que se negaba a declarar zona de desastre. Todo esto tuvo consecuencias en las elecciones locales.

Luego del movimiento telúrico llegaron al valle de Mexicali funcionarios federales que hicieron un sinnúmero de promesas, entre ellas una inversión millonaria para rehabilitar totalmente el valle y realizar una reconversión agrícola. Propusieron crear un nuevo modelo de desarrollo agropecuario sustentable para el valle, que permita superar el rezago y explotar las potencialidades de los productores agrícolas y ganaderos.

También, el 14 de junio de 2010, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos del Proyecto Estratégico de Impacto Regional en apoyo a los productores del valle de Mexicali, donde se estipulaban los apoyos que recibirían los productores de trigo, alfalfa y algodón.

Actualmente hay incertidumbre en la población del valle. Los avances son mínimos, se han reconstruido 200 de las tres mil casas que se requieren. Aunque las autoridades federales han intentado atender la situación, los programas ordinarios que se desarrollan son insuficientes.

Los recursos federales no bajan a la velocidad que se necesita, lo que hace pensar que las promesas del gobierno fueron hechas al calor del proceso electoral y que, pasado éste, no se convertirán en realidad.

Investigador de la Universidad Autónoma de Baja California