En la celebración eucarística que Familia Pasta de Conchos celebra los días 19 de cada mes en recuerdo de los 65 mineros muertos, esta organización denunció que con maquinaria de Industrial Minera México se demolieron 300 viviendas de la zona carbonífera de Coahuila, con el pretexto de que iban a ser reubicadas porque resultaron dañadas por el huracán Álex.

Con esta acción se quedaron sin vivienda familias de los mineros, por lo que se arguye que esto fue un engaño más de esta empresa en contubernio con el gobierno estatal, ya que a la fecha no se han preocupado por el destino de estos habitantes, no se ha iniciado la construcción de casas y no tienen recursos para pagar una renta.

La misa fue oficiada a las afueras de las oficinas centrales de Grupo México en esta ciudad por el obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera, quién sostuvo que la pobreza en que viven los mineros de la zona evidencia que las empresas se enriquecen sobre el sacrificio de los trabajadores. Dijo que el propio huracán hace ver que la presencia de grandes empresas, como Industrial Minera México, no ha implicado progreso para las comunidades.

La abogada de esta organización, Cristina Auerbach, hizo ver que el gobernador Humberto Moreira prometió reubicar a estas familias que se quedaron sin techo y que en su mayoría viven en casas de familiares, en cuartos que les están prestando o pagando rentas, lo cual merma más su economía, cuando les habían ofrecido que les iban a ayudar a pagarlas.

Señaló que se presume que los terrenos desocupados podrían ser para la propia Industrial Minera México, la cual puso la maquinaria para ello, además de que la zona desalojada está pegada a la propiedad de esta empresa. Dijo que toda esa acción se hizo en el momento de confusión que provocó este fenómeno meteorológico.

Trinidad Cantú, madre de uno de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos, señaló que representantes de esta empresa y funcionarios locales les dijeron que iban a demoler sus casas y reubicarlos en otras. Explicó que en total han demolido 300 de las 600 que había en la región, que no les firmaron ningún documento ni les dieron ninguna garantía de una nueva casa, y tampoco dinero como ofreció el gobernador.