A más tardar el lunes la juez segunda de lo civil, María Magdalena Malpica Cervantes, debe decir si da entrada a la demanda civil por daño moral promovida por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, contra el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, y el vocero de la Arquidiócesis Primada de México, Hugo Valdemar, estima la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la ciudad de México.

Con base en los tiempos que señala el Código Civil del Distrito Federal, una vez que se dé entrada al recurso, el Tribunal Superior de Justicia del DF debe notificar a los demandados en un plazo de cinco a 10 días de la acción promovida en su contra, explicó Ibett Estrada, asesora de la consejería.

Detalló que la respuesta en el caso del vocero Valdemar Romero se presentará antes que la del arzobispo de Guadalajara.

Al primero se le podría estar notificando a más tardar la primera semana de septiembre, y tendría 15 días hábiles para responder, es decir, a fines del mes o principios de octubre, estimó.

En relación con Sandoval Íñiguez el proceso se retrasa porque primero se tiene que girar exhorto al juez competente en Guadalajara, quien a su vez debe proceder al emplazamiento del cardenal, por lo que su respuesta podría estarse dando a finales de noviembre o principios de diciembre.

Estrada advirtió que si no responden a la demanda se considera rebeldía y se da por hecho que aceptan lo dicho por Ebrard.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) respaldó la demanda por daño moral que interpuso Ebrard, y lamentó que hasta el momento no haya un posicionamiento de la Secretaría de Gobernación en torno a la necesidad de que los ministros de culto se sujeten a las leyes.

En entrevista, luego de participar en el foro La justicia para adolescentes y medidas en libertad, el titular de la CDHDF, Luis González Placencia, consideró que las declaraciones del cardenal de que el jefe de gobierno de la ciudad maiceó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aprobar los matrimonios entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que adopten tienen que ser sustentadas, pues, agregó, es preocupante que la jerarquía católica exprese juicios que constituyen una falta de respeto a la decisiones del máximo tribunal.

Al destacar que es ejemplar el proceso de ampliación de derechos que se vive en el DF, manifestó que sería importante que la Iglesia católica manifieste sus opiniones en los límites del respeto por los demás.