Aceptar que los militares dejen de participar en acciones de seguridad pública y de combate al crimen organizado sería asumir el carácter de simples espectadores, limitándonos a observar con impotencia cómo la delincuencia desgarra nuestra sociedad y nuestro país, afirmó el procurador general de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Jesús Gabriel López Benítez.

Al participar en el congreso internacional Uso de la fuerza pública en un estado de derecho democrático, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, aseguró que el Ejército es la única institución que puede contribuir con el país en la resolución de este problema.

Señaló que a pesar de que existen algunas determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han ido normando el uso de la fuerza pública, algunas corporaciones policiacas consideran que deben esperar a ser agredidas para responder a un ataque. Eso, agregó, pone en riesgo la integridad de cualquier agente que persiga delincuentes.

Explicó que los efectivos del Ejército Mexicano han recibido capacitación en materia de derechos humanos y trabajan convencidos de que el uso de la fuerza es el último recurso para salvar su vida y la de los ciudadanos a quienes deben proteger.

En su ponencia, el procurador militar señaló que el solo establecimiento del uso legítimo de la fuerza no resuelve el problema de la delincuencia. Sin embargo, hizo un llamado para que se legisle pronto al respecto.

Manifestó que es necesario que se prepare y capacite a todos los integrantes de los cuerpos policiacos del país.

Explicó que la utilización de mejor armamento de grueso calibre, como lanzagranadas, lanzacohetes y granadas de distintos tipos por los grupos criminales dedicados al tráfico de drogas –ahora sumados a pandillas que cometen delitos de distinto tipos– no permite que sean combatidos sólo con armas no letales, como el bastón eléctrico.

Por ejemplo, López Benítez señaló que durante la presente administración federal los grupos criminales han atacado en 33 ocasiones a los soldados con granadas de distintos tipos, lo que provocó la muerte de 12 militares y lesiones a 55.

Al hablar sobre la capacitación que reciben los militares en derechos humanos, dijo que tienen conocimiento en derecho internacional humanitario para evitar abusos en el uso de la fuerza pública, además de que se les ha explicado que el “uso arbitrario de la fuerza recaerá en la ciudadanía (…) y se aplica en casos en los que sea necesaria. El uso de la fuerza es legítimo si hay congruencia y proporcionabilidad”.

Remató: es falso que sólo se agrede y por eso los soldados deben regresar a sus cuarteles. Eso nos llevaría a ser espectadores y ver cómo el crimen desgarra a nuestro país.