Al continuar la discusión sobre el amparo que presentó la Asociación de Sobrecargos de Mexicana en contra de la reducción de sus ingresos y prestaciones avalada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) se dividió la opinión de los ministros, entre los que plantean dar la razón a los trabajadores y que queden sin efecto los cambios realizados a su contrato colectivo de trabajo y quienes consideran que antes de reducir salarios y prestaciones, la empresa debe conseguir los recursos suficientes para reactivar su actividad económica.

El ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Aguirre Anguiano le dan la razón a la aerolínea. En tanto que el pleno autorizó a Fernando Franco que no participe en el debate por estar impedido en razón de que conoció del asunto con anterioridad, cuando era funcionario del Ejecutivo federal.

Sergio Valls, Olga Sánchez Cordero, Margarita Luna Ramos y Luis María Aguilar coincidieron en dar la razón a los sobrecargo ya que se están echando por la borda los derechos de los trabajadores, sin que la empresa haya demostrado la causa por la cual pretende reducir el salario y las prestaciones de los sobrecargos.

Sánchez Cordero comentó que en caso de que exista un desequilibrio entre los ingresos de los trabajadores y la situación económica de la empresa se debe analizar con peritajes y periciales suficientes para que la autoridad laboral funde sus resoluciones.

En este caso, precisó, la Junta responsable no atendió el hecho de que las causas del conflicto económico de Mexicana no son imputables a la empresa ni a los trabajadores. La autoridad laboral debió probar y justificar que la modificación de las condiciones laborales solucionaría parte del conflicto, lo cual no fue demostrado por la empresa ni tampoco acreditado en el laudo de la Junta.

Luis María Aguilar añadió que la JFCA no tenía por qué valorar siquiera la solicitud de Mexicana para modificar los ingresos y el contrato colectivo si el patrón no probó lo que tenía que probar.

Aguilar respondió también un señalamiento de Aguirre, quien dijo que si una empresa estaba en dificultades económicas podía reducir las prestaciones de los trabajadores, siempre y cuando éstas quedaran por encima del mínimo que establece la ley. Resulta, aseveró, que todos los derechos que los trabajadores han obtenido en sus contratacione no tienen ningún sentido, son simplemente espuma, pues mientras no bajen del piso que establece la ley, en cualquier momento: que tengo un conflicto económico ¡ah!, pues bájales a todos al mínimo legal, al fin que el mínimo legal es lo que no se puede tocar

¿Y todos los derechos obtenidos por los trabajadores en qué quedan?, por eso, subrayó, es el que el laudo está mal hecho y se debe conceder el amparo.

Aguirre había señalado que existe un derecho de echazón. Cuando se está hundiendo un barco, hay que tirar los bienes por la borda, los bienes propiedad del naviero y de quien sea, antes que tirar a los seres humanos ¡por supuesto!, hay que salvar la nave.

Aguilar respondió: pues aquí parece que se avienta primero a los marineros para conservar el piano del barco. Hay que cuidar primero los derechos de los trabajadores. Y remató Cossío: ¿por qué se van a tirar los marineros y los dueños se van a quedar en el barco?.