Organizaciones campesinas y ecologistas del movimiento Sin maíz no hay país y la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca) se pronunciaron contra la continuación de las fases experimental y piloto de las siembras transgénicas de este grano y exigieron al Congreso de la Unión que establezca una comisión investigadora sobre problables actos de corrupción en las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) por la aprobación de permisos.

Olegario Carrillo Meza, coordinador ejecutivo de Unorca, dijo que los cultivos experimentales de maíz transgénico no benefician a la mayoría de los agricultores, pues se ha comprobado que el grano modificado no incrementa el rendimiento ni disminuye el uso de agrotóxicos, además de que hay serias dudas acerca de su inocuidad en la salud humana.

Sin justificación

No hay razones legales, científicas o éticas para otorgar los permisos de siembra experimental de maíz transgénico en ninguna entidad, pues en todo el territorio nacional existen razas nativas, dijo, y afirmó que esa organización no ha dejado de abordar el tema en las asambleas estatales.

“En Navojoa, Sonora; Chilpancingo, Guerrero; Zacatecas; Morelia, Michoacán, y Mérida Yucatán, “hemos denunciado que la siembra de maíz transgénico en México –país de origen del grano– es un crimen de lesa humanidad. Nuestra meta es lograr la prohibición definitiva de éstas y mantener la lucha contra las patentes de semilla.”

Sostuvo que los integrantes de Unorca se comprometieron a fomentar el libre intercambio de semillas, rescatar las experiencias locales de conservación y realizar ferias para compartir experiencias en torno a las siembras tradicionales, las cuales han probado ser sustentables y proporcionan rendimientos por hectárea aceptables.

En imagen de archivo, recolección de maíz en un campo chino. Los granos transgénicos no benefician a los agricultores, expresaron diversas organizacionesFoto Ap

También las organizaciones del movimiento Sin maíz no hay país asentaron que por no existir una norma oficial mexicana de la ley de bioseguridad y organismos genéticamente modificados, los experimentos de las siembras de maíz transgénico y sus resultados son ilegales.

En un comunicado expusieron que dicha norma no ha sido emitida. Lo que está en proceso de discusión es el anteproyecto para fijar las características de los reportes y contenido de éstos en torno a las actividades de liberación experimental y de los programas piloto de los organismos genéticamente modificados en relación con los posibles riesgos para el medio ambiente y la diversidad biológica, argumentaron.

Indicaron que otorgar a la trasnacional Monsanto permisos de siembras para una etapa piloto significa continuar en la ilegalidad. La ley es muy clara: sin norma no puede haber reporte, y sin reporte no pueden tramitarse permisos para siembras piloto; lo que las empresas den a conocer como resultados de las siembras experimentales no tendrá validez, señaló Adelita San Vicente, de la agrupación Semillas de Vida.

El gobierno está obligado a cumplir con la ley y hacer que se cumpla, y ésta y la bioseguridad no están en venta ni pueden ser sujetas a negociación, puntualizaron Greenpeace, Grupo de Estudios Ambientales y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo.