Las expectativas y el debate entre distintos sectores del país que provocó el anuncio gubernamental sobre la prohibición de comida chatarra en las escuelas de educación básica, como una de las medidas para abatir la obesidad infantil, llegaron ayer a su fin, al menos de manera oficial, al quedar lista la nueva normatividad sobre la venta de alimentos y bebidas en cooperativas y tiendas escolares.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) avaló los cambios que la Secretaría de Educación Pública (SEP) hizo a su proyecto original para restringir la venta de dichos productos, por lo que esta semana podrá publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que la nueva normatividad entre en vigor en el nuevo ciclo escolar que comienza el próximo lunes.

El organismo emitió ayer por la tarde su dictamen final, de 180 páginas, sobre los Lineamientos para la venta de alimentos y bebidas en los planteles de educación básica, en el que sólo incorporó, sin cambio alguno, las correcciones y modificaciones que hizo la SEP a su proyecto original, como los criterios nutrimentales y de densidad energética que dejaban fuera de las escuelas diversos productos, pero que con los cambios tienen garantizado que seguirán vendiéndose ahí.

Así, se permitirá la expedición de jugos, néctares, leche, lácteos y derivados de soya porque fueron reclasificados como alimentos líquidos en lugar de bebidas, ya que éstas quedarán excluidas en las primarias para privilegiar el consumo de agua potable, aunque en las secundarias se permitirán bebidas con edulcorantes.

Tales son los logros de las autoridades sanitarias y educativas para restringir la venta de comida chatarra en los planteles, siete meses después de que el presidente Felipe Calderón convocó a hacer un frente común contra la obesidad y el sobrepeso mediante el Acuerdo nacional para la salud alimentaria.

Mientras organizaciones civiles, especialistas en nutrición y legisladores acusaron que el proyecto original de la SEP fue rasurado debido a presiones de la industria alimentaria, la Cofemer asevera en su dictamen que las modificaciones que hizo la secretaría contienen mayores requerimientos que los observados en la propuesta original y se logran los mismos objetivos, pero se generan mayores facilidades para su cumplimiento.

Incluso, califica las modificaciones de positivas, ya que facilitarán que haya menor disponibilidad de productos que abonen al problema de obesidad infantil, lo que resulta acorde con el objetivo del proyecto.

Cofemer ponderó que la aplicación de los lineamientos arrojará un impacto social neto de 26 mil 439 millones de pesos, monto que calculó por la diferencia entre los beneficios en materia de salud que dejaría su implementación respecto a los costos de su aplicación.

Detalló que los beneficios totales de la regulación se estimaron en 43 mil millones de pesos, de los cuales 13.7 mil millones corresponderían a una reducción en el gasto de servicios médicos, 16.4 mil al aumento en la expectativa de vida de la población y 12.8 mil millones al incremento en la venta de frutas y verduras.

En cambio, los costos totales que implicará la aplicación de la regulación ascenderán a 16.6 mil millones de pesos: 10 mil correspondientes a las adecuaciones que tendrá que hacer la industria alimentaria para fabricar productos con menor contenido calórico y 6.4 mil millones que deberán erogar escuelas y gobiernos locales. La diferencia entre ambos rubros arroja un impacto social neto favorable del orden de 26.4 mil millones de pesos.

La aplicación de los lineamientos, como programó la SEP, se hará de manera gradual, de manera que aunque entren en vigor el próximo lunes, serán obligatorios hasta enero de 2011.

Por ley, la Cofemer contaba sólo con cinco días hábiles para emitir su dictamen final, una vez que el viernes pasado recibió las respuestas de la SEP a las observaciones que hizo a su proyecto original, elaborado a partir de las 884 opiniones que recibió en la consulta pública efectuada del 11 de junio al 22 de julio.