Ante la ordeña de gas LP que padecen habitantes de la delegación Iztapalapa, la titular de la demarcación, Clara Brugada Molina, propuso a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) firmar un acuerdo de vigilancia y evitar que se vendan tanques del combustible con litros de menos.

Para las familias, dijo, recibir los cilindros con menos combustible resulta un quebranto en su economía, porque en la delegación hay graves problemas de ingresos y de desempleo. Tenemos cientos de miles de familias sin recursos, indicó.

Antes de la inauguración de la Feria Escolar 2010, Brugada Molina señaló que mediante el convenio se vigilará que el peso del tanque corresponda al precio y calidad del combustible señalado en la norma oficial. Junto con la Profeco debemos hacer este trabajo, porque la gente no sabe cómo defenderse, comentó la funcionaria.

Afirmó que hay denuncias de vecinos de que cada mes les incrementan el precio del combustible; actualmente pagan 195 pesos por un tanque de 20 litros.

El problema por el aumento del precio y los tanques que pesan menos no es nuevo, dijo, y recordó que el gobierno que encabeza está por entregar los primeros recursos del programa de apoyo a la compra de gas LP a familias de escasos recursos.

A principios de año Brugada Molina anunció que el programa beneficiaría a 32 mil familias y ahora se amplió a 45 mil, que viven en las 110 unidades territoriales consideradas de alta y muy alta marginalidad, para que puedan hacer frente al alza del combustible.

De acuerdo con informes de la delegación, el combustible de hace 10 años a la fecha aumentó 53 por ciento por la liberación del precio. Por eso se ha planteado que el apoyo que se entregue a las familias sea equivalente a 50 por ciento del costo del tanque de 20 litros, es decir, 100 pesos.

Los recursos serán entregado en vales; para ello se realizaron negociaciones con las empresas distribuidoras del combustible en la delegación para que acepten esta forma de pago, afirmó.

En Iztapalapa se tiene un conteo de un millón 100 mil personas que viven en extrema pobreza y lo que destinan para la compra de gas es un recurso importante, considerando que sus ingresos son en algunos casos el salario mínimo o menos, señaló.

Ayer la jefa delegacional dijo que con la vigilancia de personal de la Profeco en coordinación con la delegación se podrá evitar la ordeña de los cilindros. Planteó la necesidad de capacitar a los servidores públicos de las siete unidades territoriales de la delegación sobre cómo determinar si los proveedores de gas cumplen con el peso, precio y calidad del producto.