Bogotá, 17 de agosto. La Corte Constitucional de Colombia declaró hoy inconstitucional el acuerdo firmado entre Bogotá y Washington que permite a soldados y asesores estadunidenses usar siete bases militares en territorio colombiano y dará un año al gobierno para que lo corrija y tramite ante el Congreso.

El presidente de la Corte Constitucional de Colombia, Mauricio González, aseguró que al no haber sido avalado por el Congreso, el acuerdo no puede surtir efectos en el ordenamiento interno de Colombia hasta tanto no satisfaga dicha exigencia.

Añadió que el documento firmado entre el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe con Estados Unidos en octubre de 2009, ya fue devuelto al nuevo presidente de la República, Juan Manuel Santos, para su corrección.

Según explicó González a Telesur y otros medios, Uribe no le dio continuidad a otro acuerdo firmado con Washington que se encontraba vigente en Colombia. Según el gobierno colombiano, el acuerdo militar no era un nuevo tratado, sino una extensión de los pactos firmados entre ambos países desde los años 50, por lo que no requería aprobación del Legislativo.

El acuerdo para la instalación de las siete bases fue firmado en 2009 por el ex canciller, Jaime Bermúdez y el embajador estadunidense en Bogotá, William Brownfield, y daba permiso al ejército estadunidense para disponer de las instalaciones colombianas durante diez años.

Las bases militares son las de Malambo, en el departamento del Atlántico; Palanquero, en la región del Magdalena Medio; Apiay, en el departamento del Meta; las bases navales de Cartagena y el Pacífico, y ahora, el centro de entrenamiento de Fuerte Militar Tolemaida y el Fuerte Militar Larandia en el departamento de Caquetá.

Respuesta a demanda de abogados

Al responder a una demanda presentada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el alto tribunal declaró inconstitucional el acuerdo con siete votos en contra del convenio y dos a favor, por lo que ahora tendrá que ser revisado por el Congreso.

Inicialmente, el magistrado ponente, Jorge Palacios, solicitó al alto tribunal declarar inexequible (incongruente con la Carta Magna) el acuerdo militar, que fue rechazado por los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil y Argentina. El mandatario venezolano, Hugo Chávez, lo consideró lesivo para la soberanía de su país y un riesgo para la seguridad de la región.

La sala plena tomó la decisión luego de deliberar sobre si se daba paso a las tropas de Estados Unidos en el país latinoamericano a pesar de las condenas que este pacto levantó en la región sudamericana.

El pasado julio Palacios introdujo una ponencia en la que acusaba al anterior gobierno colombiano de excederse en sus funciones por haber dado el visto bueno al aumento de la presencia militar estadunidense en el territorio nacional.

Durante dos semanas la Corte Constitucional estudió el caso de las bases militares y este martes se venció el plazo para que se emitieran los fallos sobre un tema que provocó diferencias entre los países de la región.

La directora del Movimiento Justicia y Vida, Lilian Solano, sostuvo en declaraciones a Telesur que su organización realizará campañas internacionales con la intención de presionar al Congreso para que no ratifique este tratado militar con Estados Unidos.

Si es que se le da un año al Congreso (...) entonces tendremos un año de trabajo intenso para sensibilizar al mundo, donde lo último que necesitamos (los colombianos) son bases militares de Estados Unidos, afirmó la representante del organismo.

Desde que Colombia suscribió el pacto militar con Estados Unidos, las relaciones con Venezuela comenzaron a deteriorarse ante las denuncias de Caracas sobre la amenaza que representan las bases del ejército estadunidense para la paz y estabilidad de la región. El lunes, Chávez afirmó que las bases militares de Estados Unidos en Colombia tenían la capacidad de provocar cualquier incidente en la zona limítrofe colombo-venezolana

En 2009 el mandatario boliviano, Evo Morales, afirmó estar en desacuerdo con la presencia militar estadunidense en América Latina y argumentó que donde existen bases militares extranjeras no puede haber una integración y una paz social entre las naciones.

El mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, también rechazó la instalación del ejército estadunidense el pasado junio, cuando pidió a Bogotá ofrecer garantías a la región de que esas bases y los militares de Estados Unidos que las operan estarán en territorio colombiano.

No cuestionamos la soberanía de Colombia, pero lo que queremos es que, en el tratado firmado con Estados Unidos, quede explícito, para que nos den garantías de derecho internacional, que la base tiene como principio fundamental la actuación dentro de Colombia y no en la frontera con otros países, afirmó.

Igualmente, organismos internacionales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) condenó en 2009, en un documento, la instalación de las base en Colombia y defendió el derecho de Venezuela a poner en alerta sus defensas por este motivo.

En noviembre de 2009 un documento de la fuerza aérea de Estados Unidos reveló que el acuerdo que firmó ese país con Colombia, sobre todo el relacionado con condicionamiento de la base de Palanquero, tiene el propósito de preparar acciones de inteligencia, espionaje y reconocimiento contra países del continente.

En las afueras de la Corte colombiana se congregaron este martes integrantes de cerca de 160 organizaciones sociales de diversos países que iniciaron un recorrido por varias localidades para explicar la experiencia de cómo ha sido la militarización en sus territorios, informó la corresponsal de Telesur en Colombia, Angie Camacho.

Horas antes del fallo de la Corte Constitucional, el gobierno de Colombia dijo que acataría cualquier dictamen que emitiera el organismo judicial. También defendió la visita que hizo, más temprano, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, a la Corte Constitucional, poco antes de que los magistrados comenzaran la reunión en sala plena para analizar el citado acuerdo militar.

El gobierno tiene el derecho a dialogar sobre asuntos que le preocupan con el Poder Judicial, argumentó el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, al subrayar que el recién investido presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha iniciado una etapa de colaboración armónica con las autoridades judiciales, sin afectar su independencia.