La discusión del amparo que presentó la Asociación de Sobrecargos de Mexicana de Aviación, con el que pretende evitar que las prestaciones y los derechos de los trabajadores sean disminuidos para ayudar a paliar la crisis económica de la aerolínea, dividió opiniones entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con diferentes matices, cinco de ellos se manifestaron por defender los derechos laborales de los sobrecargos, en el entendido de que la reducción de prestaciones es justificable sólo si la medida está acompañada de otras acciones de la aerolínea para reducir costos operativos y administrativos, además de la inyección fresca de recursos por 300 millones de dólares.

Sergio Aguirre Anguiano, Olga Sánchez Cordero y el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia adelantaron que votarán a favor de Mexicana de Aviación con el argumento de que lo primordial es evitar que la empresa quiebre y proteger la fuente de trabajo.

Ortiz Mayagoitia agregó que una vez que Mexicana entró en un proceso de concurso mercantil es muy importante que las relaciones de la empresa con el sindicato de sobrecargos sean claras y precisas, porque pudiera haber un patrón sustituto que tendrá que tener bases claras en esto.

En sesión pública, los ministros conocieron por tercera ocasión –anteriormente el pleno había rechazado sendos proyectos presentados por José Ramón Cossío– este asunto, en el que la Asociación de Sobrecargos de Mexicana impugnó el laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) el 7 de agosto de 2007 en el que avaló la petición de la aerolínea de reducir las prestaciones de los empleados, a efecto de posibilitar la subsistencia de la fuente de trabajo, obtener una utilidad razonable y los recursos que le permitieran cumplir adecuadamente con su objeto social.

En los hechos, el laudo reducía en 25 por ciento los ingresos de los trabajadores.

Cossío comentó que la revisión de este amparo se presenta en el marco de las condiciones económicas por las que atraviesa la empresa y que, independientemente del proceso mercantil que inició la compañía, proponía conceder el amparo a la quejosa por razones de inequidad.

Y que, mientras Mexicana no acredite haberse capitalizado (con recursos frescos por 300 millones de dólares, como dictamina el peritaje avalado por la JFCA), no surtan efecto las modificaciones al contrato colectivo avaladas por la Junta.

Argumentó que su propuesta protege a la clase trabajadora y permite equilibrar los factores de la producción a través de un procedimiento laboral que prácticamente había caído en desuso y que puede funcionar como una válvula frente a situaciones económicas que están fuera del control de las empresas.

Sergio Valls avaló en términos generales el proyecto y aclaró que si se reducen las condiciones de trabajo, pero no se garantiza la viabilidad de la empresa, entonces esa solución no es acorde al principio de justicia social,

Margarita Luna Ramos comentó que no basta con disminuir los salarios de los trabajadores y agregó que el peritaje avalado por la JFCA señala que los sueldos representan 31 por ciento de los gastos de operación total de Mexicana (de éstos 6.5 por ciento corresponde a los sueldos de los sobrecargos); 28 por ciento se destina a combustibles, 13 por ciento a servicios de tráfico y 28 por ciento a gastos de operación.

Luis María Aguilar y Arturo Zaldívar consideraron que sería muy peligroso que, con el pretexto de la crisis económica, cualquier empresa argumentara que tiene dificultades para proceder a reducir las prestaciones de los trabajadores.

La discusión continuará el próximo jueves.