Presidentes de la organización Amnistía Internacional de Reino Unido, España, Argentina, Estados Unidos, México, Uruguay, Perú, Alemania y Paraguay enviaron una carta al presidente Felipe Calderón en la cual le manifiestan su profunda preocupación por el riesgo real de que el dirigente indígena Raúl Hernández Abundio, defensor de derechos humanos, sea condenado injustamente por un crimen que no cometió, sino en represalia por acciones legítimas en favor de esos derechos.

Los presidentes de Amnistía Internacional en países de Europa y América Latina solicitan al presidente Calderón que como garante constitucional del estado de derecho en México haga un reconocimiento claro y explícito de la labor legítima de los defensores y las defensoras de derechos humanos en México.

En la misiva manifiestan que esperan que el juez, quien tendrá que tomar la decisión sobre la situación de Raúl Hernández en los próximos días, tenga conciencia de la trascendencia de su decisión y cuente con las garantías necesarias para evaluar este caso con total independencia e imparcialidad en aras de la integridad de la administración de justicia en México.

Kate Allen, de Reino Unido; Esteban Beltrán, de España; Gabriela Boada, de Argentina; Larry Cox, de Estados Unidos; Alberto Herrera, de México; Ivahanna Larossa, de Uruguay; Silvia Loli, de Perú; Monika Lüke, de Alemania, y Rosalia Vega, de Paraguay, sostienen en el documento que Raúl Hernández fue detenido y procesado en represalia por sus actividades legítimas de promoción y defensa de los derechos de su comunidad, y por tanto Amnistía Internacional lo reconoce como preso de conciencia.

Refieren en la carta que el 6 de agosto Amnistía Internacional recibió “con gran preocupación la noticia de que la Procuraduría General de Justiciad del Estado de Guerrero había presentado ese día conclusiones acusatorias contra Raúl Hernández, líder de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y defensor de derechos humanos, prolongando los dos años cuatro meses que el defensor lleva privado de su libertad”.

Agregan que Hernández se encuentra detenido injustamente, ya que se le acusa, sin pruebas fundamentadas, de haber participado en el asesinato de Alejandro Feliciano, cometido el primero de enero de 2008 en El Camalote, estado de Guerrero.

Durante la visita de representantes del Ministerio Público, de la defensa y del juez encargado del proceso a la escena del crimen se evidenció que los dos testimonios en los cuales se basó la procuraduría para la detención de Raúl Hernández no son fidedignos y, por tanto, deberían haber sido desechados.

No obstante, señalan, la procuraduría insiste en dar credibilidad sólo a los dos testimonios, a todas luces fabricados; en no agregar prueba adicional alguna para sostener la acusación, y en no tomar en cuenta la evidencia o los argumentos presentados por la defensa.

De igual manera resaltan que varias pruebas, incluidos testimonios de testigos presenciales, que la defensa ha presentado, han sido ignoradas por la Procuraduría de Justicia Estatal.

Amnistía Internacional cree que esta situación de detención prolongada e injustificada de Raúl Hernández es parte de una serie de ataques y agresiones que buscan desarticular a la OPIM, en represalia por los logros que ha obtenido en la defensa legítima y activa de los derechos humanos de su pueblo.