La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá a partir de hoy qué tanto pueden ser modificadas las prestaciones económicas y el contrato colectivo de trabajo de los sobrecargos de Mexicana de Aviación, debido a la crisis financiera que enfrenta la empresa.

El proyecto de dictamen, elaborado por José Ramón Cossío, plantea que es posible reducir las prestaciones de los trabajadores, siempre y cuando la compañía cumpla con un programa de financiamiento y reordenamiento de sus finanzas.

Funcionarios judiciales consultados señalaron que la decisión del máximo tribunal será relevante, porque dará la pauta para que el sindicato de sobrecargos de Mexicana y la empresa alcancen un acuerdo sobre el contrato de trabajo que regirá la relación laboral a partir de septiembre próximo.

Trascendió que no hay unanimidad entre los ministros en torno al proyecto de Cossío, pues hay integrantes del pleno que consideran que el recorte de ingresos y prestaciones no puede depender de que Mexicana sanee sus finanzas y encuentre un socio que inyecte recursos frescos.

De acuerdo con información obtenida por La Jornada, el proyecto de dictamen plantea que antes de que la compañía pueda modificar las prestaciones debe cumplir con las obligaciones financieras, como inyección de capital fresco por alrededor de 180 millones de dólares, renegociación de su deuda y otras condiciones establecidas en el peritaje ordenado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

La valoración fue ordenada luego de que los trabajadores se inconformaron ante la decisión de la junta de acceder a la petición patronal de recortar el contrato colectivo y las prestaciones en alrededor de 50 por ciento.

La discusión de los ministros versará sobre el amparo directo que interpusieron en 2007 la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación y Mexicana contra el laudo emitido el 7 de agosto de 2007 por la junta especial tres bis federal de Conciliación y Arbitraje, en el que se validó la pretensión de la aerolínea de modificar las condiciones del contrato de trabajo, que representaba cambios trascendentales en la esfera jurídico-laboral de los sobrecargos.

Según los informantes, el proyecto tiene como objetivo principal establecer un equilibrio entre las demandas de la parte patronal y los trabajadores.

En ese sentido, plantea que la situación económica de la empresa no puede servir de pretexto para vulnerar los derechos laborales de los trabajadores.

Precisa que cualquier modificación a sus prestaciones no puede ir más allá los parámetros mínimos que exige la ley laboral.

Finalmente, señala que las percepciones de los sobrecargos son incluso superiores a la media internacional, lo que da pie a la reducción de sus ingresos.