Miami, 15 de agosto. La propuesta del procurador republicano Bill McCollum de una ley antinmigrante más severa que la SB 1070 de Arizona colocó a Florida en la primera trinchera de un caldeado debate nacional sobre política migratoria.

El proyecto de McCollum, más fuerte que las nuevas medidas de Arizona, desató una oleada de críticas de prominentes partidarios latinos y la promesa de organizaciones civiles de ir a tribunales en caso de ser aprobada.

Los legisladores republicanos de origen cubano Illeana Ros-Lehtinen y los hermanos Lincoln y Mario Díaz-Balart se mostraron en desacuerdo con el proyecto de imponer leyes migratorias, pero dijeron que seguirán apoyando a McCollum en las elecciones a gobernador del estado.

Se ha culpado al explosivo tema migratorio de alejar al electorado latino, el de más rápido crecimiento entre los candidatos republicanos en las elecciones de 2006 y 2008, pero el ala conservadora del partido favorece leyes migratorias más estrictas.

McCollum, quien inicialmente criticó la ley Arizona, cambió su posición luego que fue rebasado en las encuestas para las primarias republicanas a la gubernatura por Rick Scott, quien ha gastado millones de dólares en publicidad en respaldo a la ley SB 1070.

Al presentar el proyecto, McCollum dijo que va más allá de la controversial ley.

La propuesta, dada a conocer a unos días de la primaria republicana del 24 de agosto, requiere que los inmigrantes tramiten documentos migratorios o enfrenten 20 días de prisión y permite a los jueces imponer condenas más severas a los indocumentados que cometan los mismos delitos que los residentes legales.

El liderazgo republicano del Congreso estatal está dividido: los legisladores latinos han rechazado con fuerza la propuesta, mientras la Cámara de Comercio estatal y líderes policiales, inseguros de las consecuencias potenciales, recibieron la propuesta con cautela.

La Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) prometió que igual que hizo en Arizona, de ser aprobada en Florida impugnará la ley. A McCollum le debería dar vergüenza amenazar a los inmigrantes, tanto documentados como indocumentados por fines políticos, señaló Brandon Hensler, portavoz de la ACLU en Florida.

Como ya hemos visto en Arizona, donde intentaron implementar una ley semejante, la juez federal dijo que es inconstitucional porque crear leyes sobre migración e implementarlas es responsabilidad del gobierno federal, no estatal, agregó.

Cifras extraoficiales calculan que en el estado viven unos 800 mil inmigrantes irregulares, que se dedican a la construcción, servicios y al cultivo agrícola.