La delincuencia organizada daña también la economía de los campesinos. Al igual que el resto de la población de zonas urbanas son sujetos de extorsiones, secuestros, robos, se les imponen cuotas por vender sus cosechas en mercados locales. En algunas regiones del norte del país, varios han dejado de cuidar las milpas y al ganado, y en otras han aceptado pagar para no ser molestados. Por la inseguridad, varios productores empiezan a abandonar colectivamente sus lugares de origen.

Integrantes de diversas organizaciones de agricultores –con más de una década de impulsar el desarrollo de los más pobres y que piden resguardar su identidad– comentan que el fenómeno cambia rápidamente y las características de la delincuencia son de acuerdo con la región. Las acciones no son las mismas en Tamaulipas que en la huasteca veracruzana, Chi-huahua, Durango, Sonora, Michoacán, por ejemplo.

Por la inseguridad y falta de registro de denuncias, no hay investigaciones sociológicas que muestren la dimensión del problema.

Varios campesinos han renunciado a seguir buscando los financiamientos para el desarrollo de proyectos productivos, pues de alguna manera los malosos –como los llama José Durán Vera, dirigente de la Unión Campesina Democrática– obtienen las listas de los beneficiarios de los diversos programas gubernamentales que inciden en el campo. Los que aceptan los recursos deben pagar una cantidad, aunque sea mínima.

En Michoacán, tras varios meses de elaborar el proyecto para un reciclado de PET –triturarlo y convertirlo en macetas–, sustentado en un estudio de mercado que costó 50 mil pesos y lograr un respaldo financiero, los productores acordaron suspenderlo, porque pagar doble impuesto –a las autoridades y a los delincuentes– los llevaría a la quiebra.

La adversidad no evita los comentarios jocosos, como en Tlahualilo, municipio duranguense con poco menos de 20 mil habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Allí, menciona Durán Vera, los campesinos dicen: se van los lilos y quedan los tlahuas, ello ante la salida de varias familias de la región. Diversos municipios del estado registran un decrecimiento poblacional de entre 2 y 3 por ciento.

El avance del campo en la Comarca Lagunera, conocida por la producción de algodón, desarrollo pecuario, algunas hortalizas y minas de mármol, está detenido. Los campesinos están dejando las parcelas en Cuencamé, Mapimí, Nazas, Gómez Palacio y abandonando la actividad industrial de minerales no metálicos.

Campesinos de Tlahualilo que lograron conformar una empresa ejidal para extraer mármol, venderlo en Gómez Palacio y Lerdo, exportar 20 mil metros cuadrados de loseta al sur de Canadá y desarrollar un taller de artesanías con el desperdicio de la piedra, cerraron su industria, tras 12 años de éxito, debido a las extorsiones. Las siembras de algodón –cultivo que tuvo una crisis a finales de la década de los 80 y se recuperó a partir de 1997– empezaron a disminuir en 2006 por la inseguridad.

En Tamaulipas, a los administradores y gerentes de las empresas con bodegas se les exigen cobros de 10 a 20 pesos por cada tonelada que reciben. Se ignora cómo la delincuencia organizada obtiene las listas con los nombres de los productores, volumen de granos que entregan y el pago que reciben.

Varias pequeñas y medianas empresas campesinas han dejado de operar por ese problema al que se suman los altos costos de producción, reducción de mano de obra por la migración a Estados Unidos e indolencia gubernamental, apunta Víctor Suárez, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo. Incluso, abunda, varios microbancos han quebrado porque ese conjunto de actos colocó a sus afiliados en la insolvencia.

En muchas regiones, sobre todo las más retiradas de cabeceras municipales y centros urbanos de Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, la falta de presencia de la autoridad y la corrupción ha orillado a los campesinos y a pequeños y medianos ganaderos a abandonar su actividad, y otros son presionados para que vendan sus parcelas, apuntan los integrantes de las organizaciones. Todos temen acabar en un ataúd.

La inseguridad está poniendo en riesgo las inversiones, si esto crece, la actividad en el campo podría paralizarse, advierten las fuentes.

Álvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, menciona que en tres años la situación se ha vuelto espeluznante. Y narra: hace dos años, al delegado de la organización en Baja California, Luis Alberto Valdés, lo secuestraron y siete meses después apareció muerto. Entonces también fue secuestrado el segundo dirigente en Michoacán, después de 22 días apareció. Hace tres años secuestraron al entonces dirigente en Durango, Hugo Rodríguez, hirieron a su esposa e hijo, pagó el rescate y se fueron a Estados Unidos. El año pasado secuestraron a Rubén Rodríguez, no se sabe nada de él. En otras entidades han exigido pagos por 100 mil pesos a los dirigentes. A un grupo de mujeres que recibió apoyo por 180 mil pesos para su proyecto productivo le exigieron la entrega del cheque.

Pese al panorama, los integrantes de las organizaciones aseguran que continuarán pugnando para salvaguardar su actividad, pues se trata de dar al pueblo la alimentación que necesita, pero también demandan que el gobierno cambie, de manera urgente, la política pública para el campo, pues a tres décadas de los cambios que presuntamente favorecerían al campesinado, los beneficios son para una elite.