En México la práctica de la tortura no se ha erradicado por completo pese a que la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han exhortado eliminarla. Nuestro país está obligado a hacerlo ya que ratificó la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Las autoridades mexicanas aceptaron en marzo de 2007, durante la 127 sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que esta práctica persiste, pese a los esfuerzos para su erradicación.

En aquella sesión la CIDH exhortó al Estado mexicano a reformar la Constitución para unificar el tratamiento y la tipificación de la tortura conforme a los estándares internacionales, otorgar jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos y trabajar en al área de la prevención para la erradicación de ese delito de lesa humanidad.

En febrero del año pasado el tema fue analizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, durante el Examen Periódico Universal –que se realiza cada cuatro años–, donde se llamó a México a erradicar las prácticas de tortura persistentes en el país.

En marzo de 2010 el Comité de Derechos Humanos de la ONU reconoció los avances de México en materia de derechos humanos, pero externó sus preocupaciones por la persistencia de la tortura y la violencia de género.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha confirmado casos recientes de tortura en los que participaron funcionarios del Estado: la represión de globalifóbicos en Guadalajara, el 28 de mayo de 2004 durante una cumbre mundial; los operativos policiacos en San Salvador Atenco, en mayo de 2006, y el conflicto social en Oaxaca, entre 2006 y 2007. Por estos casos y los feminicidios de Ciudad Juárez, el Comité contra la tortura de la ONU ha pedido a México investigaciones eficaces e imparciales y la sanción a los responsables.