Ante el aumento alarmante en los últimos tres años de desapariciones forzadas de ciudadanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitará a la PGR atraer 50 casos ocurridos en Coahuila, pues hay indicios de que la mayoría fueron levantones perpetrados por la delincuencia organizada.

Senadores y diputados de PRD y PRI llevaron el tema al órgano legislativo, donde expresaron preocupación y alarma, pues las desapariciones no han sido indagadas, pese a las demandas de los familiares de las víctimas y de las versiones de que en los hechos están involucrados policías y militares.

En el dictamen se advierte que se trata de 19 casos que incluyen a 50 hombres, mujeres y niños, que fueron prácticamente secuestrados en los últimos tres años en municipios de Coahuila, sin que haya pistas de quién los desapareció, aunque en al menos dos casos, hay indicios de que fueron integrantes del Ejército.

El senador René Arce (PRD) y los diputados Rubén Moreira (PRI) y Guadalupe Acosta Naranjo (PRD) explicaron que las personas desaparecidas se clasifican en dos grupos: las originarias del estado de Coahuila y las que radicaban en el mismo por motivos laborales; tal es el caso de Agustín Alberto Núñez Magaña, Sergio Cárdenas Córdova y José Flores Rodríguez, agentes de ventas de joyas de oro, quienes en la segunda semana de abril de 2009 salieron de La Barca, Jalisco, hacia el municipio coahuilense de Nava, con el fin de trabajar.

Los jóvenes se hospedaron en el hotel Don Alberto en Nava, y ahí fue la última vez que se supo de ellos. Otro caso es el de 12 vendedores de pintura procedentes del estado de México, quienes llegaron a Piedras Negras el 21 de marzo de 2009 y desaparecieron en la camioneta con que trabajaban.

El 29 de agosto de 2009 desapareció Brandon Acosta, de nueve años, junto con su padre Esteban Acosta Rodríguez. Fueron interceptados a la altura del aeropuerto de Ramos Arizpe por dos camionetas con hombres armados quienes se los llevaron, sin solicitar rescate por ellos.

La mayoría de los levantones ocurrió el año pasado y en todos se han presentado denuncias ante las autoridades encargadas de la procuración de justicia federal y estatal y se ha solicitado intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, las cuales no han emitido recomendación alguna.

Los familiares han solicitado la intervención de la PGR y de la Secretaría de Gobernación. Lo único que han logrado es una audiencia en Bucareli, pero sin resultados. Se han dirigido, en el Distrito Federal, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, donde se les pidió documentación de los casos para analizarlos.

En el dictamen, los legisladores resaltan que en los últimos tres años los levantones y secuestros configuran un fenómeno de graves consecuencias sociales, con rasgos de delincuencia organizada y representan un reto para el Estado.

Es también alarmante, recalcan, que en estos casos se tengan evidencias de la aquiescencia de autoridades o del involucramiento de policías y militares.