oco se habla de ella, pero ahí está. Cuando hablamos de frontera sur europea y relacionamos el tema con las corrientes migratorias, enfocamos constantemente la atención hacia tres países de la región: Italia, España y Grecia. Para estos tres ilustres miembros de la Unión Europea gastamos ríos de palabras para contar, describir y denunciar las políticas de rechazo y expulsión que, con pocas variaciones el uno del otro, los tres países aplican. Sin embargo, es urgente señalar a otro importante protagonista en la guerra europea en contra de los migrantes. Éste es la isla de Malta.

Situada unos 350 kilómetros al norte de Tripoli, la capital de Libia, y sólo a 90 kilómetros de las costas de Sicilia, en Italia, la isla de Malta se ha convertido en uno de los pasos obligados para los migrantes. Y sin embargo poco se habla de esta isla que, aun siendo independiente, se encuentra más cerca de Italia que la misma Lampedusa, la isla italiana más al sur y que es el blanco principal de las rutas migrantes.

Perteneciente a la Unión Europea desde 2004, Malta ha adoptado la posición europea acerca del tema migratorio implementando todas medida represiva posible y contemplada por Bruselas: Centros de Identificación y Expulsión (CIE), patrullajes marítimos, colaboración con la agencia europea Frontex y acuerdos con Libia. A este propósito es preciso señalar la reunión que hubo a principio de julio de este año entre los ministros de Exteriores de Italia y Malta.

En dicho encuentro, titulado Una Estrategia para el Mediterráneo, en lugar de buscar mecanismos eficaces para el rescate de las decenas de migrantes que todos los días tratan de cruzar dicho mar (y mueren en ello), los representantes gubernamentales discutieron y acordaron medidas bilaterales para aumentar el control del tramo marítimo de competencia para evitar, antes que todo, acciones contradictorias como las que en años recientes expusieron a ambos gobierno a las críticas de la sociedad civil.

Malta, por ejemplo, en más de una ocasión se rehusó a socorrer navíos de migrantes porque éstos se encontraban más cercas de las aguas territoriales italianas. O, en otro caso, Malta en más de una ocasión ha declarado la inutilidad de las misiones de Frontex, las que al contrario amparan las maniobras de la armada italiana en las aguas internacionales, tanto bajo el aspecto operativo que económico. Entrar a Malta de manera irregular (sin documentos) no es, como en muchos otros países, un delito pero sí una falta administrativa. Bajo este argumento, los migrantes son detenidos. La peculiaridad de dicha detención es que, desde 2005, puede durar hasta los 18 meses. Según el gobierno maltés, dicha medida temporal inhibiría la llegada de otros migrantes irregulares.

El gobierno maltés está en la actualidad haciendo todo lo posible para conquistar un espacio tanto en el debate europeo (al menos, en el sur europeo) acerca del tema migratorio tanto en los lugares de toma de decisiones al respecto. Malta había logrado mantenerse al margen de las corrientes migratoria. Hoy, ya no es así. Urge una solución, afirman en La Valeta. Una solución que sea fruto de decisiones compartidas, sobre todo por lo que tiene que ver con la responsabilidad que las mismas implican.

Responsabilidad, esa es la palabra clave. Porque es necesario repartirla sobre todo cuando se trata de las responsabilidades que señalan las organizaciones de derechos humanos en contra de la actuación de los gobiernos frente al fenómeno migratorio. En un reporte del año pasado (2009), la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), que tiene un centro de operación en el sur de la isla de Malta, denunciaba las condiciones inaceptables de los tres CIE presentes en la isla. MSF definía el trato que los migrantes reciben como algo injustificado e inhumano.

El mayor problema, señalan los integrantes de MSF, es que en los primeros seis meses del año pasado, al menos 60 por ciento de los migrantes que llegaron a Malta eran potenciales solicitantes de refugio (en su mayoría procedentes de Somalia). Aún así, el gobierno maltés no habría facilitado las condiciones para que este derecho fundamental se pudiera ejercer. Al contrario, denuncian, Malta deporta a sus migrantes a Libia, cuyas políticas –lo sabemos– cancelan de facto dicho derecho.

Con una población de cerca de 400 mil habitantes, Malta recibe todos los años un promedio de 3 mil migrantes. En sus Centros de Identificación y Expulsión, indica MSF, las condiciones higiénicas son pésimas y no hay la mínima atención médica. Las personas enfermas viven junto a quien se encuentra sano, en estado de hacinamiento y en condiciones muy precarias. La detención por hasta 18 meses, según MSF, lejos de detener las nuevas llegadas, está en realidad dañando a la salud de los migrantes detenidos, y potencialmente dichas afectaciones podrían tener consecuencias a largo plazo sobre la salud sicológica y física de los detenidos.

Afirma el estudio de la organización no gubernamental internacional que los factores que orillan a una persona a dejar su casa para irse a otro país son serias. Entre éstas se encuentran guerras civiles, violaciones a los derechos humanos y persecuciones; además de problemas económicos y ambientales. Estos factores, concluye MSF, son más fuertes de cualquier efecto disuasivo de los CIE. Algo que los gobiernos de la Unión Europea no quieren ni logran entender.