La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) no ha favorecido en mayor medida a los médicos que a los pacientes, ya que sus dictámenes siempre se basan en las observaciones de un grupo de expertos ajenos a las partes en conflicto, afirmó Manuel Pérez Cardona, director de coordinación pericial del organismo.

Entrevistado con motivo del simposio internacional Conamed-OPS 2010 sobre seguridad del paciente, que concluyó ayer en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el funcionario desmintió que el organismo defienda por consigna a los médicos para evitar que paguen demandas penales por prácticas mal realizadas o que tarde demasiado en emitir resoluciones.

No podemos favorecer o perjudicar a nadie en especial, porque nuestras respuestas se basan en los expedientes clínicos de los usuarios y en estudios periciales, y aquéllas son preparadas por asesores externos que paga la Conamed, quienes discuten en sala pública sus conclusiones, explicó.

Además, los señalamientos del organismo no tienen peso legal definitivo; solamente son una guía que el juez puede tomar en cuenta al momento de emitir su resolución, por eso veo muy complicado que se pueda favorecer a alguien; es fácil sospechar eso, pero las estadísticas dicen lo contrario.

De enero a junio de 2010, ejemplificó, la Conamed ha detectado 120 casos de prácticas médicas mal realizadas; 69 no causaron daño en el paciente; 10 que provocaron daño temporal; 11 permanente, y 30 que causaron la muerte, la mayoría en instituciones de gobierno.

La comisión, agregó, se autoimpuso un límite de 80 días hábiles para emitir un laudo sobre cada caso que debe atender –alrededor de 100 al mes, en promedio–, lo que acorta el tiempo de resolución definitiva de éstos de seis a dos años, y muchas veces sin necesidad de recurrir a abogados.

Desde su surgimiento en 1996, las solicitudes de revisión que gestiona la Conamed han aumentado, gracias al buen prestigio que ganamos. Los jueces no nos lo dicen, porque están obligados al secreto, pero interpretamos que nuestros dictámenes les han parecido buenos porque nos han pedido analizar más casos.

En todo caso, afirmó Pérez, lo que necesita el organismo para realizar mejor su trabajo es una ley que obligue tanto a particulares como a instituciones de salud públicas y privadas a someterse a su arbitraje en caso de conflicto, ya que hoy sólo el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) lo hace de forma voluntaria.