uego del 28 de julio, cuando la juez federal Susan Bolton bloqueó temporalmente las secciones más controversiales de la llamada ley Arizona (SB 1070), algunos medios celebraron este hecho como una victoria. Sin embargo, esta legislación es solamente un pronunciamiento estridente y rabioso de una operación que sigilosamente está expulsando a miles de indocumentados, acrecentando el terror en las comunidades mexicanas en Estados Unidos.
Si bien la juez Bolton, apoyando la demanda del gobierno federal contra el gobierno de Arizona, bloqueó medidas extremas, como “permitir que la policía arreste a una persona sin orden de aprehensión cuando hay ‘causa probable’ de que haya cometido una ofensa pública que pueda resultar en su deportación”, las fuerzas policiacas federales se desplazan afanosamente por el interior de Estados Unidos para localizar y deportar a inmigrantes que no tengan papeles.
La agencia Immigration and Customs Enforcement (ICE) tiene la misión de aprehender a los indocumentados en el interior de Estados Unidos, a diferencia de la Patrulla Fronteriza, que lo hace en las fronteras. Ambas agencias pertenecen al gigantesco Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland Security-DHS) que fue fundado en respuesta a los ataques del 11 de septiembre. ICE cuenta con el personal más numeroso del DHS y administra varios programas que afectan directamente a los migrantes mexicanos.
En primer lugar, gracias a la sección 287(g) de la Ley de Reforma a la Inmigración Ilegal y la Responsabilidad del Inmigrante de 1996, ICE tiene la posibilidad de establecer acuerdos con agencias policiales de ciudades y estados para entrenar a sus oficiales como agentes de inmigración. En este sentido, la ley Arizona busca adjudicarse algo que el gobierno federal ya permite. Hasta junio de 2010, ICE había establecido 71 acuerdos con agencias policiacas en 26 estados, certificando a más de mil 130 agentes. Como resultado de esta acción, muchos indocumentados han sido deportados por haber cometido faltas de tránsito, ya que cuando la policía comprueba que los detenidos no tienen documentos que amparen su estancia los transfiere a ICE.
Bajo el programa de Comunidades Seguras, ICE trata de identificar a los indocumentados de entre las personas que están purgando penas en las prisiones para deportarlas a sus países de origen el día de su liberación. Asimismo, por medio del Programa de Fugitivos persigue a los inmigrantes que se les ha ordenado salir de Estados Unidos pero no lo han hecho. Entre estos fugitivos hay muchos padres y madres de familia indocumentados que a pesar de tener una orden de expulsión no salen del país para seguir al cuidado de sus hijos.
Bajo la administración del presidente Obama, ICE ha hecho una innovación en las redadas de los lugares de trabajo. Anteriormente, en la presidencia de Bush, ICE llevaba a cabo operaciones cuasi militares, cercando los lugares de trabajo para verificar el estatus migratorio de todos los trabajadores. Esto, obviamente generaba descontento y afectaba la vida normal de ciudadanos estadunidenses y extranjeros documentados. Actualmente, los agentes de ICE llegan a los centros laborales y simplemente revisan los documentos de inmigración y los números de seguro social presentados por los trabajadores, utilizando la base de datos E-Verify. Posteriormente, notifican a los empleadores que verifiquen los documentos de los empleados que tienen documentos sospechosos y les advierten que si no son capaces de presentar documentos legales los despidan.
De acuerdo con el Washington Post del 26 de julio, en 2009 ICE se encargó de deportar a 387 mil 790 personas de todo el mundo, de las cuales 136 mil 126 (35 por ciento) eran definidas como criminales. ICE estima que en 2010 expulsará del país a unas 400 mil, casi 10 por ciento más que las deportadas en 2008 por el gobierno de Bush. Estas cifras no incluyen las expulsiones que realiza la Policía Fronteriza. El Instituto Nacional de Migración reporta haber recibido a 227 mil 233 mexicanos sacados de Estados Unidos entre enero y junio de 2010.
La administración Obama ha encontrado en las tareas de ICE un argumento fuerte contra sus críticos, como la gobernadora de Arizona, que acusan al gobierno federal de no proteger las fronteras de la inmigración ilegal. ICE argumenta que está protegiendo la seguridad de Estados Unidos porque deporta a muchos criminales extranjeros. Sin embargo, un reporte reciente de la Oficina del Inspector General del DHS señala que del total de una muestra de individuos arrestados o convictos, identificados por medio del programa 287(g), solamente 9 por ciento había cometido delitos graves relacionados con drogas o crímenes violentos, como asesinatos, violaciones, robos y secuestros. Sin embargo, 47 por ciento de estas personas no había tenido ninguna participación en delitos relacionados con violencia, drogas o contra la propiedad. Así, ICE seguirá deportando a muchos de los criminales
que han cometido el delito de intentar mejorar la calidad de sus vidas y las de sus familias.
*Rafael Alarcón es profesor investigador en El Colegio de la Frontera Norte en Tijuana.
