s el nombre con que afectuosamente se conoce al sacerdote Wilfrido Mayrén Peláez en la comunidad de organizaciones civiles de derechos humanos, apoderado legal de la arquidiócesis católica de Oaxaca y coordinador de su Comisión de Justicia y Paz. Es también el cura párroco de la iglesia de Santo Tomás Xochimilco de aquella ciudad, y el fundador del Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, AC (Barca).

Pero por encima de estas obligaciones, cumplidas siempre con oportunidad y eficacia, es sobre todo un infatigable defensor de los derechos humanos, que desde hace 18 años ha intervenido de manera pacífica en la solución de varios conflictos que viven las comunidades de ese estado. Ello le ha valido el reconocimiento y aprecio de muchas personas y grupos que en distintas ocasiones han visto vulnerados sus derechos en aquella entidad, pero también el haber sido objeto injustamente de difamaciones, hostigamientos y amenazas de muerte.

Con el propósito de desacreditar su ministerio y crear artificialmente un clima para criminalizarlo, en las últimas semanas ha tenido que padecer una nueva campaña de calumnias por medio de un diario vendido al gobierno que lo acusa hipócritamente de ser el instigador de la violencia en la región triqui, e incluso el responsable de la muerte de Anastasio Juárez, líder del grupo armado Ubisort (Unión de Bienestar Social de la Región Triqui), que hasta la fecha mantiene criminalmente sitiado el municipio autónomo de San Juan Copala. No obstante, en una declaración publicada el pasado lunes en el diario Noticias, el padre Uvi ratifica su compromiso de seguir defendiendo pastoralmente la vida y la dignidad de cualquier ser humano, la verdad, la justicia y la paz, por razones de su fe en el Evangelio y de su fidelidad al magisterio social de la Iglesia. Pero también su derecho a defenderse públicamente de las tergiversaciones y versiones sesgadas contra su persona. Celebra la libertad de expresión y defiende el derecho a la información no sólo con palabras, sino sobre todo con hechos, como ha mostrado en toda su difícil trayectoria, pero también denuncia la perversión del oficio periodístico subordinado a los intereses egoístas del poder público o privado.

En acción urgente enviada por el Barca desde el pasado 5 de agosto, se recuerda que en 1998 sufrió un atentado con armas de fuego –del que afortunadamente salió ileso– por su colaboración en el conflicto agrario que durante mucho tiempo mantuvieron las comunidades de Teojomulco y San Lorenzo Texmelucan, el cual dejó un saldo de más de 500 muertes y una herencia muy grande de dolor y sufrimiento. Cuando en 2006 participó junto con el maestro Toledo y el obispo Arturo Lona en la Comisión de Intermediación entre el gobierno del estado y el magisterio de la sección XXII, varios medios de comunicación intentaron deslegitimarlo, ligándolo con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y relacionándolo con la guerrilla. Tiempo después, por defender a un líder sindicalista que fue torturado por policías, lo amenazaron mediante mensajes a su celular. Además, el 27 abril de este año denunció el ataque de que fue objeto por miembros de la Ubisort –relacionados con el gobierno de Ulises Ruiz– la caravana que se dirigía pacíficamente a San Juan Copala, con el propósito de observar la situación, reinstalar a los maestros y llevar alimentos y medicinas, y en el que resultaron muertos la activista mexicana Beatriz Alberta Cariño y el observador finlandés Jiri Jaakola, y exigió al Estado una inmediata investigación, así como asumir sus responsabilidades. Más tarde accedió a la petición de la propia comunidad agraviada para que fuera ella la que directamente denunciara la situación, para lo que acercó a varios medios y organismos internacionales.

Junto con todo el presbiterio de Oaxaca se solidarizó también públicamente con el padre Martín Octavio García Ortiz, párroco de San Pedro Mártir, Ocotlán, Oaxaca, a quien en junio pasado, la Procuraduría General del Estado le abrió –por encargo de sus propios agresores– una averiguación previa, incriminándolo falsamente como autor intelectual de supuestos delitos, cuando en la misma consta que él es la víctima, al haber sido plagiado, torturado y amenazado de muerte, y lo ha defendido varias veces contra esas falsas imputaciones.

Luego de la entrevista que las eurodiputadas Satu Hassi y Franziska Keller tuvieron el 2 de julio con representantes de San Juan Copala para conocer la situación de los derechos humanos, y especialmente obtener información sobre esa comunidad, gente sospechosa vigiló su parroquia durante cuatro días, ya que al salir de esa reunión se dieron cuenta de que eran perseguidos por líderes de la Ubisort y buscaron refugio en la parroquia del padre Uvi. Frente a todo esto, las organizaciones y personas que participan en la Iniciativa Ciudadana para la Alternancia, Transición y Democratización del Estado de Oaxaca, exigen con razón al gobierno, a los organismos estatales, nacionales e internacionales que realicen acciones pertinentes para asegurar la protección del derecho a la vida y a la integridad física y sicológica del padre Uvi; proteger el derecho al debido proceso del padre Martín Octavio, así como la reparación del daño a su detención ilegal, secuestro y tortura, además de contribuir a que en Oaxaca se transite a una democracia en la que se respete la labor de defensoras, defensores, periodistas, sacerdotes, religiosas, laicas y laicos.