Oaxaca, Oax., 13 de agosto. Si bien la mayoría priísta en el Congreso del estado exoneró al gobernador Ulises Ruiz Ortiz de responsabilidades por la violación de garantías individuales durante 2006 y 2007, el pueblo ya dio su veredicto, afirmó el gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo.

Sostuvo que respeta la decisión de la diputación del PRI, al resolver el juicio político instaurado contra Ruiz Ortiz, pero subrayó que dejó de lado los agravios al pueblo probados por diferentes organismos e instancias.

Expuso que tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación encontraron evidencias fehacientes de las violaciones graves a las garantías individuales del pueblo; sin embargo, a pesar de eso, no fueron tomadas en cuenta.

Por fortuna existe ya un juicio histórico del pueblo que sabe y conoce lo que sucedió en el 2006 y 2007 y quienes fueron los responsables.

Destacó que el veredicto del pueblo, frente a esas graves violaciones a los derechos humanos, se demostró claramente en los comicios del 4 de julio pasado, con lo que terminó un régimen autoritario para dar paso a la alternancia.

El veredicto fue tajante y se acabó con un gobierno que había agraviado al pueblo, insistió.

Se comprometió a que su administración no permitirá la impunidad y revisará lo sucedido no sólo en 2006 y 2007, sino también antes y después, para responder a los reclamos de justicia del pueblo oaxaqueño. La revisión de los casos pendientes, es nuestra obligación, remarcó.

Cué Monteagudo dijo también que su gobierno no incurrirá en la represión y en la violación a derechos humanos pues lo ocurrido entre 2006 y 2007 jamás debe volver a suceder en Oaxaca.

A su vez, el activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), César Mateos Benítez dijo que recurrirá a un amparo en el Poder Judicial Federal pues el Congreso estatal no dio trámite a su demanda por juicio político y solamente atendió la presentada por el diputado del partido Nueva Alianza, Cristóbal Carmona Morales, a fin de dispensar cualquier responsabilidad al gobernador Ruiz Ortiz.

Observó que la Comisión Instructora Permanente de la Legislatura local no cumplió el plazo de siete días para el desahogo de pruebas, y dictó conclusiones sin tomar en cuenta su demanda de juicio político.