Corresponde a la autoridad administrativa y al juez civil que conozca de un procedimiento de adopción valorar que la persona o pareja interesada, acredite los requisitos establecidos por la ley para el adecuado desarrollo del niño, por lo que es discriminatoria la intención de la Procuraduría General de la República (PGR) de prejuzgar sobre la idoneidad de una pareja para adoptar por el solo hecho de que está constituida por personas del mismo sexo.

Coincidieron en ello ayer cuatro ministros que avalan el derecho de los matrimonios gays a adoptar, quienes subrayaron que es precisamente en ese momento, cuando el Estado interviene para asegurar el interés superior del menor.

Aun cuando la discusión sobre el tema continuará el próximo lunes, fuentes judiciales confirmaron que es cuestión de tiempo para que la Corte ratifique el derecho de los matrimonios gays a adoptar, aunque hay dudas aún de si la decisión se obtendrá con el voto en contra de tres o cuatro ministros.

En reiterados comentarios, Sergio Aguirre Anguiano, dijo que la Corte no podía avalar ese tipo de adopciones cuando no hay en el país estudios científicos serios sobre el impacto que tiene en los menores vivir en ese tipo de familias y que se diga que más vale unos padres que tengan ese tipo de costumbres a nada. Y planteó que antes de decidir sobre el tema los ministros manden a hacer los estudios correspondientes.

En una intervención posterior, Aguirre abundó que según un estudio elaborado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a petición del ministro instructor Sergio Valls, si bien no hay evidencia científica sólida de que los niños criados en familias homosexuales desarrollen trastornos sicológicos o de comportamiento, sí podrían estar en riesgo porque tienen que afrontar burlas, acoso escolar, presión de sus compañeros y aislamiento que pueden dañar su autoestima y confianza.

Y finalmente explotó al señalar: si en algún momento dado, el principio de no discriminación se tensiona con los intereses superiores de los niños, los intereses superiores de los niños deben prevalecer.

José Ramón Cossío, Juan N. Silva Meza y Sergio Valls rechazaron tajantes los argumentos de Aguirre, al considerar que el simple hecho de que la Corte tomara en cuenta esos estudios para tomar una decisión sería en sí un acto discriminatorio.

Luis María Aguilar se refirió a la validez de la adopción, pero como una consecuencia lógica de que la Corte ya validó la constitucionalidad de los matrimonios gays y que la reforma al Código Civil –impugnada vía acción de inconstitucionalidad por la PGR– no incluía el artículo 391, referente al tema de las adopciones, por lo que el pleno no podía analizar la constitucionalidad de un artículo que no fue modificado.

Silva Meza reviró que en la adopción, el interés superior del menor juega no solamente para los matrimonios heterosexuales, sino también ahora para los matrimonios homosexuales, porque no se puede afirmar que se genera un perjuicio al niño o a la niña por el hecho de que la preferencia sexual de los futuros padres adoptivos no es heterosexual.

Cossío, por su parte, desestimó la petición de Aguirre de que la Corte deba conocer nuevos estudios sobre el tema.

Esto, “porque de acuerdo con la lógica de la demanda de la PGR –avalada por Aguirre–, si de lo que se trata es de encontrar los mejores padres posibles, bajo esa lógica, y lo digo con el mayor respeto, y de verdad sólo como ejemplo: ¿qué posibilidades tienen un par de padres invidentes, parapléjicos o de escasos recursos económicos de ser los mejores padres en esa condición?

“Creo que hacer la pregunta de sí los hijos que van a ser adoptados por matrimonios homosexuales van a sufrir consecuencias, en sí mismo encierra la identificación de lo que en otros lugares se llama una categoría sospechosa, y ésta es la forma más clara de construir una discriminación, subrayó Cossío, quien, al igual que los otros ministros, sostuvo que basta con el análisis de los elementos constitucionales del caso.

La discusión continuará este lunes y los ministros, trascendió, ya están listos para votar el asunto, aunque están sujetos al tiempo que dedique Aguirre para argumentar la inconstitucionalidad de la reforma capitalina.