Es un gran peligro para el Estado mexicano mantener por tiempo prolongado el Ejército en las calles, porque se arriesga no sólo a la violencia del crimen organizado, sino a la cooptación o infiltración, por los grandes recursos que maneja el narcotráfico, advirtió ayer en el Senado el relator especial de la ONU sobre Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank la Rue.

Durante su visita a Xicoténcatl, dijo que debe reconocerse que hay una crisis de seguridad en el país, y que el crecimiento del crimen organizado tiene que ver con la debilidad o fortaleza del Estado. Sólo un Estado fuerte garantiza los derechos humanos.

En reunión con legisladores de todos los grupos parlamentarios, refirió: “Anteayer tuve una cita de trabajo en la Secretaría de Seguridad Pública (SPP), donde nos informaron que hay 34 mil policías federales. Le dije al subsecretario: ‘me encanta el proceso de reforma, pero 34 mil policías para un país de 113 millones de habitantes, ni al Distrito Federal van a poder proteger completamente’.

Creo que este es un tema de recursos, un tema fiscal en el que no me meto porque no es mi mandato, pero lo sé por la experiencia de mi país, Guatemala. Si el Estado quiere buena seguridad y un sistema de justicia eficaz debe tener fondos.

El funcionario de la ONU advirtió que México ocupa ya el quinto lugar en índices absolutos de violencia contra periodistas en el mundo, lo que preocupa y angustia a los organismos internacionales defensores de derechos humanos, toda vez que hasta 97 por ciento de las agresiones contra comunicadores quedan en la impunidad.

Explicó a los senadores que la visita conjunta al país de las dos relatorías de la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) se debe “a estos momentos de crisis –de seguridad– que vive México”. Disculpó a la relatora para la Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero, quien no pudo asistir a la reunión por complicaciones de salud.

La Rue señaló: nosotros creemos que la prensa debe recibir protección especial. La prensa no sólo está ejerciendo una garantía personal y profesional, está cumpliendo la función de ser facilitadores de un derecho a la sociedad: el derecho de estar informados.

Sostuvo que “proteger a los periodistas en el fondo es proteger al país, ya que no puede tener una prensa absolutamente libre ni mantener el pluralismo y la objetividad de informar a la población con niveles tan altos de intimidación al sector. Ya hemos constatado que muchos periodistas están dejando de investigar por temor o amenazas directas.

El tema central es la impunidad; ya se lo dije al procurador general de la República. A quienes usan la violencia les genera la sensación de que pueden seguir haciéndolo con total libertad y con mayor descaro.

Recomendó a los senadores que soliciten al Poder Judicial, que es el responsable de aplicar la reforma que aprobó el Congreso en materia penal, que acelere la marcha para los juicios orales, ya que es muy largo el plazo de ocho años que dieron para su entrada en vigor.

La Rue se pronunció porque se federalice el delito contra la libertad de expresión, porque sólo el Estado federal tiene la fuerza para perseguir a los responsables de los actos de violencia y garantizar la seguridad a los periodistas.

El presidente del Senado, Carlos Navarrete, quien estuvo unos minutos en la reunión, dijo que las amenazas del crimen organizado a la libertad de expresión de ciudadanos, empresarios, personajes públicos y candidatos en campaña es una preocupación del Congreso, el gobierno, los medios de comunicación y los organismos internacionales.