La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó ayer por la noche que recibió la recomendación 45/2010, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en relación con los hechos ocurridos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey el 19 de marzo pasado, en los que murieron los estudiantes Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso durante un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y soldados.

En un comunicado, la dependencia que encabeza el general Guillermo Galván Galván señaló que, de conformidad con el artículo 136 del reglamento interno de la CNDH, el instituto armado tiene 15 días hábiles para analizar los fundamentos en que se basó para emitir la recomendación, por lo que en su oportunidad se dará la respuesta correspondiente.

De 2007 a 2009 la Sedena pagó más de 8 millones de pesos de indemnizaciones por la muerte de 24 civiles inocentes –cinco de ellos menores de edad–, lesiones, daños y servicios médicos, resultado de los operativos antinarco realizados en diferentes puntos del país.

En promedio, el pago por cada civil muerto asciende a 153 mil 563 pesos, y por lesiones, a 38 mil 390. La mayoría de las indemnizaciones fueron cubiertas por recomendaciones de la CNDH, en respuesta a denuncias de civiles contra soldados por la muerte y lesiones de familiares en operativos antidrogas.