Lyon, 12 de agosto. La policía francesa desmanteló en las últimas dos semanas más de 40 campamentos de gitanos considerados como ilegales y habitados por unas 700 personas de origen rumano y búlgaro, que serán expulsadas del país, informó este jueves el ministro del Interior, Brice Hortefeux.

El gobierno prevé organizar fletes aéreos especiales para la repatriación, precisó. Hortefeux anunció a finales de julio la intención del gobierno de desmantelar en tres meses 300 de los 600 campamentos de gitanos que existen en Francia, según datos oficiales.

La medida forma parte de la política de seguridad instrumentada por el gobierno conservador del presidente Nicolas Sarkozy, que incluye controvertidos proyectos como el de despojar de la nacionalidad francesa a personas naturalizadas que hayan atentado contra la vida de un policía.

Mientras, la eurodiputada ecologista francesa Eva Joly acusó a Sarkozy, en una columna publicada este jueves por el semanario Paris Match, de practicar el racismo de Estado.

Según la ex jueza, la multiplicación de las iniciativas contra los gitanos y de refuerzo de la seguridad se inscriben igualmente en el debate previo sobre la identidad nacional, impulsado por el oficialismo y denunciada por la oposición de izquierda por sus afinidad con la ultraderecha. Es una ética de la provocación, un racismo de Estado, escribió Joly.

Francia se defendió este jueves de las críticas hechas el jueves por expertos del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que denunciaron un recrudecimiento de los actos racistas en el país de los derechos humanos.

Los expertos están especialmente preocupados por la suerte de 15 mil gitanos rumanos del país.

La delegación francesa ante la ONU explicó que, según el tratado de adhesión a la Unión Europea de estos dos países (miembros de esa comunidad desde 2007), es posible mantener algunas restricciones de circulación durante siete años contra sus ciudadanos.

En cuanto a expulsarlos a su país de origen, dijo la delegación, también es conforme al derecho europeo que estipula que cualquier Estado puede poner fin a la permanencia en el país de una persona desempleada y que representa un peso social.

Por último, Francia reafirmó la especificidad de sus leyes acerca de las minorías, que se niega a reconocer oficialmente, porque ello contradice el principio fundamental de la igualdad de tratamiento para todos.