San Miguel de Allende, Gto. 11 de agosto. Por instrucciones del gobierno estatal, todas las averiguaciones previas en contra de quienes abortaron, se concentran en la oficina del procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, dio a conocer hoy la Dirección de Procesos de la Subprocuraduría de la región D, con sede en esta ciudad.

Pese a tales restricciones informativas, La Jornada confirmó esta mañana que el Ministerio Público sigue integrando denuncias penales en contra de quienes interrumpen su embarazo, como consta en el expediente 81/2010, que inculpa a Daniela C.S., de 19 años de edad, quien en junio fue atendida en el Hospital General Felipe Doborganes de este municipio, luego de provocarse un aborto incompleto.

Alejandro Duarte, director de Procesos de la Subprocuraduría regional D, que abarca los 11 municipios del noreste de Guanajuato –la zona más pobre y marginada de la entidad– comunicó a los reporteros de este diario, por conducto de su secretaria, que tiene instrucciones de no dar información sobre los casos, porque ésta la concentra la oficina del procurador Zamarripa Aguirre, en la capital del estado.

El Código Penal en Guanajuato castiga hasta con 35 años de cárcel el aborto, cuando lo clasifica como homicidio en razón de parentesco en agravio de un producto en gestación, pero muchas mujeres desconocen que es un delito grave, como lo ilustra el caso de Daniela C.S., a juicio de los médicos que la trataron.

Llegó un miércoles (de junio pasado) en la noche, con sangrado, y se puso a contar a detalle que el fin de semana tomó unas pastillas para abortar, dos por vía oral y dos por vaginal, que se las dio su suegra, quien las compró en una conocida farmacia local, revelaron los informantes.

Tras la revelación, la trabajadora social mandó llamar al agente Ricardo Malagón, a las tres de la madrugada. Este se encontraba en el Servicio Médico Forense (Semefo), tomando nota de una autopsia, y se dirigió al hospital de prisa, pues le avisaron que la muchacha ya se iba a su casa.

Este, añadieron las fuentes, es un caso típico de los núcleos de población urbana de Guanajuato, donde las mujeres se provocan la interrupción del embarazo con pastillas que aceleran las contracciones del útero para lograr que se desprenda el producto de la concepción, que de acuerdo con la Constitución estatal es considerado persona desde que el espermatozoide fecunda al óvulo.

Por otra parte, esta mañana, funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos visitaron (CNDH) en el Centro de Readaptación Social de Puentecillas, a las afueras de la ciudad de Guanajuato, a las jóvenes María Araceli Camargo, Yolanda Martínez Montoya, Ana Rosa Padrón, Susana Dueñas y Ofelia Frías, quienes al igual que Liliana Moreno, recluida en Valle de Santiago, purgan sentencias de más de 25 años de cárcel por homicidio en razón de parentesco, luego de sufrir abortos espontáneos en las comunidades rurales donde vivían.

La delegación de la CNDH, no les pidió que ratificaran sus quejas, sólo se limitó a ver en qué condiciones estaban, reveló Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, que encabeza una campaña para liberarlas y que ha reunido pruebas y testimonios para demostrar que las jóvenes son víctimas de la injusticia.

Cruz Sánchez informó que en Internet ya circula en español, inglés, italiano y alemán, un resumen completo de este asunto, que se ha convertido en el eje del debate público en el tema.

Al cierre de esta edición, la oficina de comunicación social del procurador Zamarripa no había entregado a este diario la información sobre las perseguidas por abortar en San Miguel de Allende.