La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen sobre la reforma al artículo 69 de la Constitución para obligar a que, a partir de 2011, el jefe del Ejecutivo federal entregue de manera personal su informe de gobierno y dirija un mensaje al Congreso de la Unión, aunque el PRI se opuso a incluir en el texto la posibilidad de hacerle preguntas parlamentarias al Presidente.

El secretario de la comisión, Jaime Cárdenas Gracia, del PT, explicó que los considerandos del dictamen prevén la intervención de los legisladores en presencia del Ejecutivo y la obligación de éste de responderles.

Sostuvo que si bien la reforma entrará en vigencia en 2011, nada impide a Felipe Calderón presentar personalmente su informe el próximo 1º de septiembre. Él siempre presume de valiente. Que venga, nos vamos a comportar, declaró.

El dictamen fue avalado con 10 votos de PRI y PVEM, y uno del panista Camilo Ramírez Puente, por ocho en contra de PAN, PRD y PT, lo que abrió una duda acerca de si con ello se daba por aprobado el dictamen.

Tras la votación, el secretario de la comisión, Rosendo Marín, del PRD, lo dio por aprobado, pero después reculó y dijo que se requería de la mitad más uno de los integrantes de esa instancia legislativa, esto es, 16 votos para validar el documento.

De inmediato los diputados consultaron la Constitución y el reglamento para el gobierno interior del Congreso con el propósito de aclarar la duda.

El priísta Emilio Chuayffet refirió que el artículo 88 del reglamento indica: para que haya dictamen de comisión, deberá éste presentarse firmado por la mayoría de los individuos que la componen.

Aun así permaneció la duda, a pesar de que se trata de un trámite cotidiano y de que casi todos los integrantes de la comisión son abogados.

Jaime Cárdenas planteó que, como el pleno de la Cámara tiene supremacía en la interpretación de las leyes, sea el que decida en el periodo de sesiones si admite el documento como dictamen a votación.

Durante la reunión, priístas y panistas se opusieron a votar la iniciativa de Cárdenas para dejar explícita en el texto la obligación del Presidente de escuchar las preguntas de diputados o senadores. Los priístas resaltaron que no buscan restaurar el día del presidente, y el panista Justino Arriaga argumentó que su partido tampoco quiere que se instaure el día del antipresidente o de tírenle al negro.

Juventino Castro, presidente de la comisión, propuso retirar el proyecto de dictamen para presentar otra redacción del artículo 69, en la cual se precise que el formato del informe se detallaría en los términos que señale la Ley Orgánica del Congreso, con la finalidad de establecer en esa norma la obligación del Ejecutivo federal de responder preguntas de los legisladores.

Reginaldo Rivera, del PRI, secretario de la comisión, reprochó que en el segundo año de la aplicación de la reforma para que el presidente sólo enviara su informe, Felipe Calderón dirigiera un mensaje en cadena nacional y leyera un discurso político ante empresarios y políticos panistas.

Ofreció una realidad que no existe, pero ésa es la única forma de que los ciudadanos se acerquen al Ejecutivo; pero aquí una vez un personaje (Vicente Fox) se puso orejas de burro, se ponen letreros grandes y objetos frente al mandatario y eso denigra a los diputados, argumentó.

Agustín Torres Ibarrola, del PAN, sostuvo que Calderón está dispuesto a dialogar con el Legislativo, pero acotó que “lo riesgoso es la esquizofrenia del Congreso, que ahora quiere votar una contrarreforma; quiere regresar a los espectáculos que se dan con las tomas de tribuna y las piñatas” en el salón de sesiones.