Buenos Aires, 10 de agosto. El juez español Baltasar Garzón fue increpado hoy por un grupo de amigos y familiares de militares que son juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura (1976-1983), cuando asistía junto con el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, al juicio que se realiza en Córdoba contra el ex dictador Jorge Rafael Videla y el ex general Luciano Benjamín Menéndez, responsable entonces de esa región.

Videla y otros 30 acusados se retiraron de la sala en repudio a Garzón y Duhalde, según el abogado que defiende a Menéndez, y siguieron el juicio por un circuito cerrado de televisión que tiene ese tribunal federal en un cuarto contiguo a la sala general.

El abogado de Menéndez, Alejandro Cuestas Garzón, pidió la palabra durante la audiencia simplemente para decir que no lo ligaba ningún parentesco con nadie de los asistentes al juicio, en una irónica referencia al juez español.

Durante los incidentes fue golpeado Aldo Blanco, periodista de Radio Nacional de Córdoba que intentó fotografiar a dos personas que insultaban al juez y a Duhalde. El grupo que defendía a los acusados fue enfrentado por familiares de las víctimas.

Liliana Fernández de Cutiellos, una de las más activas defensoras de la pasada dictadura militar, reclamaba a Garzón por los atentados de ETA, cuando el tribunal ordenó un receso en la audiencia. Otro hombre identificado por periodistas locales como Alberto Apreas también insultó a Garzón, en medio de tumultos; la policía los desalojó a ambos del lugar.

Garzón recibió importantes homenajes aquí, de todos los organismos de derechos humanos por su actuación cuando abrió los juicios en España contra los dictadores, en momentos en que aquí imperaban aún las leyes de impunidad.

Garzón, que fue especialmente invitado para asistir a este juicio histórico, escuchó conmovido el testimonio del legislador provincial de Córdoba Enrique Asbert, quien relató su trágico recorrido por distintos centros de detención entre 1975 y 1982, especialmente su paso por la Unidad Penitenciaria San Martín (UP1) de Córdoba, donde fue torturado con compañeros y testigos de asesinatos.

El objetivo claro para con nosotros era el exterminio, dijo Asbert en su impactante testimonio, y recordó que mediante la ley de fuga asesinaron a algunos de nosotros, como también sabíamos que con esa política de aniquilamiento se justificaban las palizas que nos daban.

Entre sus recuerdos figuraba una fría mañana del 5 de julio de 1976, cuando sacaron a todos los presos al patio de la UP1 y los colocaron desnudos contra la pared. Luego se escucharon golpes, diálogos y finalmente un disparo. Luego se enteraron de que habían matado a Raúl Paco Bauducco, uno de sus compañeros de prisión.

Antes de ser detenido era defensor de presos políticos junto con el abogado Hugo Vaca Narvaja, asesinado durante uno de los tantos simulacros de fuga.

Hace días en este tribunal se relató el asesinato de Vaca Narvaja –hermano de la actual embajadora en México, Patricia Vaca Narvaja–, quien el 12 de agosto de 1976 fue llevado por una patrulla militar al mando del teniente coronel Osvaldo César Quiroga desde la UP1 junto a Higinio Arnaldo Toranzo y a los hermanos Alfredo Eduardo y Gustavo de Breuil.

Los detenidos fueron bajados en un camino y antes de asesinarlos sus verdugos arrojaron una moneda al aire para decidir quién de ellos debía vivir para contar a los otros presos lo que les podía esperar en los traslados. El testimonio lo dio el sobreviviente, impactando una vez más a la sala.

Vaca Narvaja sabía que lo iban a matar. Tenían especial saña contra él por ser defensor de los derechos humanos. En una oportunidad se lo llevaron y lo trajeron de vuelta porque el cupo de muertes estaba completo, relató Asbert, y dijo que en esos momentos le habían repetido que el ejército lo iba a matar y así sucedió.

Al terminar de escuchar este testimonio, el magistrado español dijo en rueda de prensa que Argentina es un ejemplo para el mundo y destacó la política impulsada por el ex presidente Néstor Kirchner, cuyo objetivo fue restablecer el proceso en contra de la impunidad para estos delitos.