Los relatores especiales para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, de la Organización de Estados Americanos (OEA), y Frank La Rue, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) inician hoy y hasta el día 24 de agosto una visita conjunta para analizar la situación de la libertad de prensa en México.

La visita de los relatores ocurre en el contexto de un aumento creciente de agresiones, asesinatos, secuestros y amenazas contra reporteros y medios de comunicación, sostienen el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y Artículo XIX.

Brisa Maya Solís, directora de Cencos, manifestó que este martes los relatores se reunirán con organizaciones civiles y de derechos humanos para evaluar el Comité de Protección a Periodístas y las acciones de protección y prevención. En realidad no hay avances con la Secretaría de Gobernación sobre el tema, refirió.

El miércoles, en la Secretaría de Gobernación se evaluará al gobierno federal; es decir, sus acciones, los avances, pero en realidad no hay logros sustanciales en la constitución de este comité, agregó.

Cencos refirió que se ha trabajajado con las organizaciones civiles una propuesta de lineamientos de organizaciones de derechos humanos que incluya a periodistas y defensores, pues éstos últimos están en situación de vulnerabilidad, sobre todo los que se dedican al área de defensa ecológica y de los derechos económicos, sociales y culturales.

Artículo XIX y Cencos señalan en el informe Agresiones Contra la Libertad de Expresión en México, que 2009 se caracterizó por una diversidad en tipos y formas de ataques a la libertad de expresión y se confirmaron 244 agresiones”.

Esas organizaciones destacan que hoy, el discurso gubernamental recurrente sobre la culpabilidad del narcotráfico en las agresiones contra los periodistas no sólo es insuficiente, sino infundado. Grupos del crimen organizado fueron responsables de 6.15 por ciento de los ataques en 2009 contra la prensa, en general, los más violentos, mientras en 65.5 por ciento de las agresiones de ese año, los perpetradores fueron funcionarios públicos.

Refieren que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que de 2000 a la fecha han sido registrados 64 homicidios de periodistas y 11 desapariciones forzadas de comunicadores, y que en ese periodo se abrieron 572 expedientes por agresiones contra reporteros.