n Hacienda y Economía las cosas se ven cada vez mejor. La economía crece, se exporta, volverá la inversión extranjera y, sobre todo, se crea empleo. Todo eso se dio a conocer la semana pasada, en un estallido de práctica euforia que se sintetizó en que nuestro país se encuentra en proceso de sólida recuperación económica.

Pero no vaya a suceder que lo sólido se desvanezca en el aire, tal como fuimos advertidos hace ya mucho tiempo, aunque eso hoy ya no se lea. Y así los indicadores y las cifras en que se apoya el entusiasmo oficial no son contundentes.

Cuando menos se trata de una visión sumamente discutible, o bien de una apreciación limitada y hasta cómoda. Del mismo modo que se hace desde el gobierno, se podrían citar otras cifras y algunos procesos en curso que dan otra imagen de lo que está ocurriendo y de las perspectivas que surgen.

Al mismo tiempo que se declaraba la solidez de la economía, basada en una recuperación en plena marcha, se conocieron los datos de los indicadores llamados adelantados que produce el Inegi, que señalan la evolución de la actividad económica antes de que se mida de manera trimestral. Esos datos indican que hay una desaceleración y que el producto está estancado. El segundo semestre del año no apunta a ser mejor que el primero.

La recuperación que se sustenta en los datos oficiales no tiene expresión en la calle. El gasto de consumo de las familias, que es un componente clave de la dinámica productiva, no se ha recuperado, el crédito a las empresas no es suficiente, el empleo que se ha creado es en gran medida temporal y en una proporción mucho mayor a la de los años recientes. Por lo que hace a las condiciones en la economía de Estados Unidos, según los datos más recientes, sigue en el filo de la navaja.

En el Banco de México se advierte del repunte de la inflación, lo que en las condiciones actuales no favorecerá el aumento del consumo ni las decisiones de inversión, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Las tasas de interés que se fija en las subastas de Cetes, es decir, para financiar la deuda pública, no estimulan la oferta ni la demanda de créditos.

Se dice que el gobierno financia de modo eficiente a las empresas pequeñas, pero no se presenta evidencia de los resultados que se obtienen. No se conoce si esas empresas sobreviven, si pagan los créditos, si son capaces de generar empleo de manera sostenible y de crear riqueza. Mientras eso no ocurra y no haya rendición de cuentas de las acciones que se toman en el gobierno, la solidez tenderá a hacerse líquida.

Los bancos comerciales más grandes prefieren colocar su liquidez en Cetes a menos de 5 por ciento anual que prestarlo en el mercado privado. Así que el Estado tiene una participación bastante fuerte en la dinámica de los mercados acaparando los recursos de financiamiento. Esto indica que hay distorsiones muy grandes en la asignación de los recursos y con poca productividad.

En el Congreso se quiere impulsar una nueva ley para la banca de desarrollo, precisamente con el argumento de que los bancos comerciales no prestan. Esa medida podría cambiar el proceso de asignación del financiamiento siempre y cuando no reproduzca las deficiencias que se han creado en las últimas décadas y que han dejado a ese sector del sistema financiero en lastimosa situación en cuanto a su capacidad de promoción; vaya, se debilitó la naturaleza misma de sus funciones.

Hoy es políticamente más difícil implantar un sistema de banca pública y hay mucha resistencia en el sector privado. Es una confrontación de fuerzas en la que el Estado llega en posición de debilidad y con pocas convicciones sobre las formas de fomentar el crecimiento.

En Estados Unidos el empleo no se recupera en la forma en que se había anticipado y el crecimiento de la economía no responde con la fortaleza que el amplio programa de estímulos públicos hacía esperar. Los conservadores tiene materia de crítica a las políticas de Obama y presionarán para que se reduzca el déficit fiscal.

El gobierno estadunidense tiene que responder a esa situación y una forma es la que ya está usando en la industria automotriz. No puede dar sumas millonarias a las empresas que quebraron y luego exportar los empleos a México. La política de inmigración de Arizona no es un elemento aislado en este proceso.

No hay en las expresiones de quienes administran las políticas públicas en el país, en este caso en el terreno de la economía, la menor capacidad de incorporar factores de incertidumbre en la manera en que piensan, en cómo hacen las cosas y en las mismas valoraciones de los resultados.

Esa es una condición llamativa en un periodo en el que son precisamente la incertidumbre y la estimación de las probabilidades los elementos que se han tenido que replantear en el modo en que se hace la gestión de la economía y en que se concibe el funcionamiento de los mercados y su intrincada relación con las instituciones y el quehacer político.