El costo de la democracia
ada vez es más común escuchar durante los periodos electorales en Estados Unidos (EU), que los candidatos compran elecciones, no las ganan con votos. La estrategia de campañas es diseñada cada vez con más frecuencia en compañías de publicidad no en los partidos. Los comicios se han convertido en asunto de mercadotecnia, como dijo Adolfo Sánchez Rebolledo en estas mismas páginas, en referencia al proceso mexicano.
En un país como EU, que vive una de las más profundas crisis de su historia, en la que el desempleo afecta a una de cada 6 personas en capacidad de trabajar, los recursos para las campañas de la mayoría de los candidatos se han vuelto magros. Salvo para los que tienen la capacidad de usar recursos propios.
Un ejemplo son las candidatas republicanas a la gubernatura y al Senado de California. Entre las dos gastaron más de cien millones de dólares para ganar las primarias de su partido. Se estima que para el día de las elecciones habrán gastado recursos propios por más de 200 millones de dólares. Acorde con el nuevo estilo de ganar votos, sus campañas basicamente han sido con anuncios pagados en televisión.
El tema no es muy diferente en otros estados. Los candidatos millonarios tienen más posibilidades de ganar las elecciones, pues pueden pagar el mayor número de anuncios televisados. No es exagerado decir que la democracia de EU se decide en las pantallas de tv. Tampoco es difícil advertir la perversión que el financiamiento privado ha introducido en el proceso democrático.
En el Congreso de EU se ha buscado evitar que el financiamiento de campañas suba aún más las disparidades en la competencia electoral. Uno tiene que ver con sustituir el financiamiento privado por el público. La experiencia mexicana pudiera servir de ejemplo, aunque como también señaló Sánchez Rebolledo, las prerrogativas han sustituido la militancia por el proceso burocrático
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Otra lección en el caso mexicano es que, aun con el financiamiento público a las campañas, ha sido difícil evitar que algunos intereses distorsionen el proceso electoral con propaganda disfrazada. Quien lo dude, que le pregunte a los dueños del duopolio de la televisión mexicana.
En todo caso, para aprobar cualquier cambio en el financiamiento de las elecciones se requiere un consenso. Para mala fortuna de la mayoría de los estadunidenses, hay poderosos intereses para evitarlo, empezando por la Corte, que se pronunció por echar abajo una medida que limitaba aportaciones de las grandes corporaciones a las campañas electorales.
