a juez Susan R. Bolton bloqueó partes clave de la nueva ley de inmigración de Arizona, otorgando al gobierno del presidente Barack Obama una supuesta victoria en su intento de controlar lo que era considerado como una legislación anticonstitucional, pues invadía la autoridad federal sobre la política de migración. Entre las partes importantes que se resolvieron contra la ley Arizona es que sólo los agentes de migración pueden detener a una persona que se considera que no está en el país en forma legal, además se detuvo la exigencia a los migrantes de portar sus documentos en todo momento y ya no se considera delito que los trabajadores sin papeles busquen empleo en lugares públicos.
Sin embargo, se trata de una ley que ha sido apoyada por una mayoría estadunidense y por 65 por ciento de los votantes de la entidad, además de que otros 20 estados también habrían pensado en aplicar una legislación similar. Por tanto, en compensación
y como una forma de disminuir las críticas en el sentido de la falta de apoyo del gobierno federal para controlar la frontera, Barack Obama decidió desplegar mil 200 elementos de la Guardia Nacional para controlar el paso de la delincuencia organizada. Lo cual resulta muy cuestionable, pues de acuerdo con Ken Paterson, a diferencia de los estados fronterizos de México, donde la violencia provocada por el narcotráfico ha aumentado, las tasas de delincuencia en los estados fronterizos de Estados Unidos con México han ido disminuyendo durante los últimos años. El Paso y San Diego están clasificadas entre las ciudades más seguras de Estados Unidos. Desde el 9-11 no se ha detectado ningún terrorista que cruce México. Incluso, las detenciones de migrantes indocumentados han bajado hasta en 90 por ciento sólo en el corredor de Nuevo México. De hecho, la propia Janet Napolitano señaló en un artículo que si nos fijamos en los hechos, la frontera es más segura que nunca
.
De acuerdo con otros analistas, como Andrea Guerrero, de la oficina de American Civil Liberties Union en San Diego, la delincuencia no ha aumentado, ni los flujos de migración que pudieran justificar la acumulación de tropas en la frontera. Por tanto, habría que preguntarse: ¿por qué el despliegue de militares en la frontera?
En primer lugar, como señala el investigador Tim Dunn, profesor de sociología de la Universidad de Salisbury y experto en seguridad fronteriza, la militarización de la frontera no es nueva, pues se inició desde 1990 hasta 1997, cuando la muerte del campesino Ezequiel Hernández a manos de marines –en 1997– detuvo esa fórmula hasta 2006-2008, durante el gobierno de George W. Bush, quien desplegó 6 mil efectivos en esa fecha.
Dunn está preocupado por que más incidentes puedan presentarse en la frontera pues, como señala, sin adiestramiento en aplicación de la ley civil, muchas de las tropas a desplegarse probablemente han servido en Irak o Afganistán, con un paisaje muy diferente al de la frontera, y que sufren estrés postraumático. El profesor sabe de buena fuente que tienen órdenes de disparar a matar
en caso de que un sospechoso intentara huir. Y si nos atenemos a los últimos acontecimientos, habría que recordar la muerte del migrante mexicano Anastasio Hernández, por elementos de la Patrulla Fronteriza, y la del niño de 14 años Sergio Adrián Hernández, también como resultado de un disparo hecho por un miembro de la Patrulla Fronteriza.
¿Este despliegue de tropas será suficiente para satisfacer a la gobernadora Jan Brewer y a todos aquellos a quienes parece que nada es suficiente para proteger la frontera? No parece, pues se trata de una concesión
política que pretende satisfacer a los sectores antinmigrantes, pero que seguirá generando flujos de trabajadores indocumentados. Habría que recordar que en 1986, cuando se produjo la amnistía con la ley IRCA, además de plantear sanciones a los empleadores de indocumentados, se dio un sustancial refuerzo de control fronterizo y con ello se potenció en forma extraordinaria la llegada de extranjeros. Los migrantes recién regularizados se movieron hacia sectores productivos buscando mejores condiciones laborales, pues estaban en posibilidades de exigir el mismo trato que se otorgaba a los nativos. Por tanto, se redujo en forma sustancial ese grupo laboral que podía ser contratado en condiciones de enorme precariedad y vulnerabilidad, y con ello mayores posibilidades de competitividad y el refuerzo fronterizo favorecería justamente la llegada de trabajadores indocumentados.
Si en realidad buscan una migración ordenada y legal, ¿por qué ni siquiera aceptan enviar al Congreso diversas propuestas para una reforma migratoria para su discusión? Porque simplemente reforzar la frontera les ofrece un flujo extraordinario de trabajadores a los cuales se puede explotar y regular su llegada como mejor convenga a los empleadores. Lo que queda claro, como señala el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, es que Estados Unidos necesita más migrantes para garantizar su prosperidad, y no menos, además de que la economía estadunidense se derrumbaría si por arte de magia
desaparecieran los indocumentados del país.
Por tanto, hay muy buenas razones para seguir militarizando la frontera.