Organizaciones civiles, investigadores y académicos celebraron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en favor de la constitucionalidad de la reforma del código civil del Distrito Federal sobre matrimonios del mismo sexo, pero no descartaron posibles brotes de homofobia así como ataques de las fuerzas sociales más reaccionarias. Asimismo, descartaron el riesgo de que los estados puedan blindar las constituciones locales para impedir los matrimonios gays y confiaron que el máximo tribunal de justicia apruebe también el derecho de adopción de familias homoparentales.

Guadalupe López, integrante de la organización Patlatonalli, que trabaja con familias de parejas lesbianas, sostuvo que el fallo es muy importante, pero de ninguna manera este derecho puede quedarse sólo en el Distrito Federal, debe extenderse a todos los estados.

Gabriel Gutiérrez, de la Agencia de Noticias de la Diversidad Sexual, calificó la decisión como un triunfo de todos los mexicanos y también se pronunció por extenderla a todo el país, aunque alertó sobre posibles brotes de homofobia.

Ante este tipo de reformas hay gente se siente agredida; la homofobia ahí sigue.

El presidente de la organización Comité Orgullo México, Mario Arteaga, destacó la visión de la mayoría de los ministros, lo cual, señaló, abre las posibilidades de legalizar también la adopción entre parejas del mismo sexo.

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídica (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Diego Valadés, dijo que tras la declaración de constitucionalidad, las parejas homosexuales que deseen casarse por lo civil, lo pueden hacer en cualquier parte del país, porque se determinó que este derecho tiene base en la Constitución.

El ex ministro de la Corte, sostuvo que si alguna autoridad fuera de la capital del país negara celebrar la unión entre parejas gay, bastaría demandar un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, mismo que se otorgaría, para que se efectúe.

Remarcó que no hay riesgo que en otros estados se reformen las legislaciones locales para limitar los matrimonios entre personas del mismo sexo –como sucedió tras la despenalización del aborto antes de las primeras 12 semanas de gestación en la ciudad de México al aprobarse leyes antiabortistas en 17 entidades– ya que hacerlo contravendría la norma constitucional.