Las legislaciones que penalizan el aborto limitan la salud y los derechos de las mujeres, aseguró la alta comisionada adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang. El el hecho de que en 18 entidades de México se aprobaran leyes que castigan penalmente la interrupción del embarazo, dijo, constituye una grave preocupación para este organismo.

La representante de la ONU se pronunció además por que el gobierno mexicano implemente las medidas necesarias que permitan la defensa de periodistas y defensores de derechos humanos ante los recientes ataques en su contra. Y consideró que las medidas para el combate al crimen y la violencia que se aplican en el país deben basarse en una perspectiva de derechos humanos.

En entrevista al finalizar la inauguración del 30 Congreso trienal de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, efectuado en la ciudad de México, se refirió a las 18 legislaciones locales que penalizan el aborto.

El más preocupado es el comisionado en México, Alberto Brunori. Estas normas limitan los derechos de las mujeres y su salud al negarles los servicios para que realicen interrupciones seguras del embarazo; hemos seguido estos casos muy de cerca.

Si bien se trata de una decisión que debe tomar cada país y sus autoridades estatales, Kang –quien realiza una visita protocolaria a México que aprovechará para reunirse con autoridades federales y estatales, así como defensores de derechos humanos para conocer la situación que guardan las garantías fundamentales– exhortó a los gobernantes a revisar el tema. También externó preocupación por la falta de políticas en reproducción femenina y acceso a los servicios de salud.

En torno a las mujeres encarceladas y sentenciadas por abortar –inclusive involuntariamente–, como son las presas incomunicadas en Guanajuato, espera que durante los encuentros con los representantes gubernamentales se le ponga al tanto de esa situación.

Para la comisionada adjunta la situación de defensores de derechos humanos y periodistas en el país es de riesgo. Subrayó que el gobierno federal tiene obligación de brindar protección a ambos sectores para el seguro ejercicio de su función.

Periodistas y defensores son voces activas en la sociedad, por eso para nosotros son muy importantes. El Estado debe desarrollar un marco jurídico para su protección. Urge que el gobierno tome acciones.