or fin, después de un largo paréntesis, abierto tras las comparecencias en las que se expusieron los argumentos en favor y en contra, el juez Vaughn Walker emitió el esperado dictamen sobre la legalidad de la propuesta número 8, que demandaba declarar ilegales los matrimonios entre personas del mismo sexo, aprobada el año pasado por los electores del estado de California, considerando que dicha propuesta es anticonstitucional.

Por la importancia de la decisión y porque quienes se oponen a ese derecho ya anunciaron que apelarán la decisión, vale reproducir algunos de los elementos jurídicos en los que el juez apoyó su decisión.

De acuerdo con el veredicto del juez, el matrimonio en Estados Unidos siempre ha sido un asunto que atañe al ámbito civil. Las autoridades civiles pueden permitir que en diferentes religiones se oficien matrimonios de acuerdo a su liturgia, pero las autoridades religiosas no pueden determinar quiénes pueden contraer matrimonio o romper el vínculo matrimonial mediante el divorcio en el ámbito civil.

La disputa, en el caso de quienes entablaron el juicio en contra de la Propuesta 8, no estriba en torno a quiénes tienen derecho a contraer matrimonio, lo que plantean los demandantes es simplemente si pueden ejercer ese derecho fundamental con una persona del mismo sexo.

El juez consideró que el prejuicio de que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio no es una base para legislar, ya que está apoyada en un juicio de carácter moral sobre la homosexualidad, o en contra de personas gay o lesbianas, por la simple creencia ancestral de que los matrimonios entre un hombre y una mujer son mejores que aquellos entre un hombre con un hombre o una mujer con una mujer.

La Constitución, argumentó, no permite ni prohíbe ningún acto con base en juicios o creencias privadas. California tiene la obligación de dar un trato igual a todos los ciudadanos, no decidir sobre su código de valores morales. Aceptar o condenar con base en juicios morales, en los que no medie el interés del Estado, nunca ha sido una base para legislar. Las evidencias presentadas en el juicio en favor de la Propuesta 8, están basadas en la idea de que los matrimonios entre parejas de sexo opuesto son moralmente superiores que los de las parejas del mismo sexo. Reprobar un hecho por cuestiones estrictamente morales no es una base para negar los derechos de gays o lesbianas.

Y concluyó: la Constitución protege el derecho de igualdad ante la ley y California no tiene ningún interés en discriminar a gays o lesbianas. La Propuesta 8 se antepone a la obligación constitucional de otorgar el derecho al matrimonio sobre bases de igualdad, por lo que esta Corte declara inconstitucional la Propuesta 8. California puede extender licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, como ya lo ha hecho anteriormente con 18 mil parejas.

Miles de personas desfilaron por las calles de diversas ciudades de California para celebrar la decisión del juez Walker. Es de suponer que por la solidez de los argumentos, sea difícil revocar esta decisión en otra instancia jurídica.

Como se esperaba, la decisión será apelada ante un panel de jueces e, independientemente de la decisión de ellos, es casi seguro que en unos meses la disputa llegue a la Suprema Corte de la Nación.