Phoenix, 4 de agosto. “Quiero que me ayuden para un car wash que voy a tener el sábado, la limonada va a costar 50 centavos”, dice Rosa, con voz bajita, muy comedida, en la junta del Comité del Barrio. A sus 15 años podría estar juntando dinero para una fiesta, pero no. Quiere lavar coches para pagar los honorarios del abogado de su mamá, Rosa, presa desde el 12 de junio, cuando fue detenida en el restaurante donde trabajaba.

La mamá de Rosa tiene audiencia el lunes. La acusan de robo de identidad, debido a que el número de seguro social con el que trabajó una década era comprado, aunque usaba su nombre verdadero. Así lo cuenta Omar, esposo de la detenida, ojeroso, quebrado por la ausencia de su mujer y también por la atención que le exigen cuatro niñas, de las cuales Rosa es la mayor.

Omar tendrá un respiro la semana venidera, cuando sus hijas vuelvan a clases, el mismo día en que se definirá el destino de su madre. El juez habrá de decidir si la envía a las autoridades de migración con el cargo de robo de identidad.

Rosa y ocho de sus compañeras de trabajo fueron aprehendidas en un aparatoso –como todos los suyos– operativo del alguacil Joe Arpaio. Éste es otro ejemplo de un caso en que se necesitan desesperadamente puestos de trabajo que están siendo ocupados por inmigrantes ilegales que han hecho caso omiso de nuestras leyes y nuestras fronteras, dijo el sheriff al estilo americano el día de la redada.

Sí, de pronto alguien necesitaba desesperadamente el empleo que Blanca había tenido por 10 años.

Desde que la detuvieron, la familia presta su casa para las reuniones del Comité del Barrio de la zona, al extremo norte de esta ciudad, en un sitio llamado Sunnyslope. A unos pasos hay unos cerros, cactus, más nada. Hacia abajo, se extiende un barrio de casitas de madera, habitado por inmigrantes mexicanos y centroamericanos, y por gringos que no pueden pagar otra cosa.

¿Habitado? Bueno, al menos un tercio de los inmuebles tienen letreros de se renta, muchos en español. Si antes los departamentos de una recámara no bajaban de 520 dólares mensuales, ahora se consiguen, según dicen los anuncios, por 400 o menos, con las utilidades incluidas, es decir, agua y electricidad. Claro, todo depende de la propiedad. Eréndira, otra de las vecinas que asisten al comité, paga mil 160 dólares por una casa de tres recámaras. En tiempo de calor –como ahora, cuando sólo policías y manifestantes se atreven a andar por las calles– llega a pagar 400 billetes verdes por el servicio eléctrico.

Todas coinciden en que antes era raro ver anuncios de renta. Todo empezó con esta ley. Hay gente que se ha ido para otros estados y algunos se han regresado a su país, dice la comadre de Blanca, una señora que ayuda a Omar con las niñas. Ella lamenta que el marido de otra de las detenidas no haya aguantado más. Acaba de regresar a sus dos niñas, de uno y dos años, a Guatemala, porque no las podía cuidar y porque además dice que gana muy poquito.

Todos tienen historias de un vecino, un conocido, alguien de la cuadra siguiente, que ya agarró camino. La mayoría, claro, no se aventuró hacia el sur.

¿A qué se regresa uno?, pregunta Omar, con 13 años en Estados Unidos. Mis hermanos allá son profesionistas y no tienen trabajo. Lo único que nos duele es que siempre nos cuidamos mucho en la calle, de la policía, y la fueron a detener en donde se sentía segura: en su trabajo.

Ni las dos comidas de sobras que su mujer recibe en la cárcel, ni sus hijas sin madre, ni el miedo de que le ocurra lo mismo van a echar a Omar de Arizona. ¿Qué vamos a hacer con lo que tenemos aquí, que es todo lo que tenemos?

Un pozolito en Nogales

Fírmale aquí y estás misma noche te estás echando un pozolito en Nogales, México. Con esa frase, dicha después de amenazas de largas temporadas en la cárcel, de presiones y angustias en prisión, los migrantes detenidos ceden y firman su renuncia al proceso que la ley les permite. Así lo cuenta el abogado Gabriel Sayavedra, quien va de un lado a otro de la ciudad con la hojita que resume los puntos de la ley SB1070 congelados por la juez federal Susan Bolton.

Contratado por el gobierno del Distrito Federal para poner especial atención en los detenidos chilangos, Sayavedra, nacido en la capital de México, explica a las señoras del barrio que la juez federal dejó a la ley sin las patas.

Las cuatro patas a las que se refiere el litigante son los puntos de la ley en rigor congelados por la juez federal: 1) el que obligaba a todos los policías a aplicar las leyes de inmigración, so pena de ser demandados; 2) la que convertía en delito no andar en la calle sin documentos; 3) solicitar empleo o estar trabajando; y 4) la causa probable o, dicho en otras palabras, la facultad otorgada a la policía de detener a quienes, a su parecer, fueran ilegales.

En una semana de vigencia de la ley no he recibido ninguna llamada de nadie que haya recibido un citatorio por la SB1070, asegura Sayavedra.

Didáctico, el abogado se toma su tiempo para explicar que una persona detenida bajo esta ley sería citada a su primera corte (audiencia) en un plazo de siete a 10 días. En esa comparecencia, el juez pediría pruebas a la fiscalía de que el acusado se encuentra ilegalmente en el país, y fijaría una nueva fecha para que fueran presentadas. De modo que los 20 días de prisión se cumplirían antes de esa segunda corte, y por esa razón los fiscales estarían obligados a retirar los cargos.

Hemos platicado con fiscales y ellos nos dicen que no quieren tener gente arrestada bajo esta ley, porque es impráctica.

El Comité del Barrio culmina con consultas particulares y con la insistencia, del abogado y los dirigentes, en una sola cosa: Si los llegan a detener, quédense callados y pidan un abogado.

Los comités se están multiplicando por toda la ciudad. Todos los días, activistas voluntarios, con documentos o sin ellos, tocan de puerta en puerta para invitar a la gente a organizarse para enfrentar a los racistas.

La manita de Calderón

Sí, los piadosos políticos de Arizona quieren que los ilegales se vayan. Pero no sin antes hacerles pagar el precio de haberse atrevido a venir aquí.

Los inmigrantes que decidan salir por su propio pie deben considerar seriamente que hacerlo les puede resultar caro.

En los freeways que desembocan en México hay retenes donde a los viajeros les exigen papeles no ya para entrar, sino ¡para salir! de Estados Unidos. Aquellos viajeros sin documentos suelen ser arrestados, fichados y deportados. Los operativos corren por cuenta de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (o CBP, por sus siglas en inglés), órgano del gobierno federal que presume tener 31.5 por ciento de empleados latinos, pese a que este grupo sólo representa poco más de 10 por ciento de la fuerza laboral estadunidense.

El costo para un inmigrante detenido cuando pretende dejar Estados Unidos es tan alto como si lo detuvieran en una redada en su centro de trabajo: durante 10 años estará excluido de cualquier posibilidad de iniciar un trámite de regularización migratoria o una detención futura puede costarle un proceso penal.

De noviembre del año pasado a la fecha han sido detenidas así 5 mil personas, cifra que incluye a los capturados por presunto tráfico de armas y a quienes tenían órdenes de captura pendientes.

Estamos, pues, frente a un aporte mexicano al bienestar de los inmigrantes mexicanos. El presidente Felipe Calderón demanda a Estados Unidos el control del tráfico de armas y dinero, este país lo hace, aunque de paso le echa limón a la herida de los migrantes.

Los grupos de derechos humanos dicen que la única utilidad de la medida es que los agentes de CBP tengan buenos números.

Al parecer, aunque los oficiales son federales, el solo hecho de estar en Arizona los hace más celosos de su deber, pues Arizona es el lugar de mayor número de detenciones, aunque en ese tiempo sólo se han incautado 4 millones 700 mil dólares, mucho menos de lo que tenía, solo, Ignacio Coronel en su casa de Zapopan.