on apenas tres días de distancia se hicieron públicos dos pronunciamientos relacionados con los tiempos por venir. El primero ocurrió en el Zócalo capitalino, donde se expusieron las líneas básicas del proyecto de gobierno que postularía López Obrador para 2012. El segundo fue la instalación del consejo gubernamental para la estabilidad financiera, formado sólo por funcionarios de la actual administración. En uno se sostiene la urgente necesidad de modificar aspectos sustanciales: cambiar el rumbo del país. En otro, se crea una instancia que propondrá cosas que no se harán y que supuestamente permitirá que la inestabilidad financiera nos golpee.
El proyecto de nación, adelantado para generar un debate fundamental, contiene elementos que llevan tiempo en el orden del día nacional. La política económica es, por supuesto, decisiva: el planteo es que el gobierno federal tiene la responsabilidad de crear las condiciones para que la economía nacional aumente su capacidad potencial de crecimiento y que los agentes económicos cuenten con los espacios adecuados para desarrollarse. La inversión pública tiene en esta tarea un papel importante que jugar, asociado con responsabilidades sociales impostergables cuyo cumplimiento, al mismo tiempo, tenga impactos multiplicadores interesantes.
El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero informará anualmente a comisiones parlamentarias sobre la estabilidad financiera del país y permitirá tomar decisiones oportunas
. Sus integrantes son precisamente los que han estado al frente de las finanzas públicas nacionales en los últimos tiempos y que fueron incapaces de instrumentar medidas eficientes que amortiguaran los impactos recesivos de la crisis financiera que provenían principalmente de Estados Unidos. La severa contracción experimentada en 2009 da cuenta de ello. De modo que en su nueva fachada parece improbable que sirvan de algo.
El planteamiento de una nueva economía incorpora la necesidad de modificar la manera de reconocer el crecimiento. Lo que importa no es sólo que crezca la producción, sino que mejore la calidad de vida de la gente. Se trata de una idea que la crisis actual ha hecho relevante. Desde mediados de 2009 muchas economías detuvieron la recesión y empezó una recuperación que se observa en indicadores como el PIB, la bolsa de valores, etcétera, pero que no existe en el empleo y en el consumo de las familias de la población asalariada. La recuperación, en consecuencia, no es tal.
Esto se ha reconocido a nivel mundial. Stiglitz encabezó una comisión, a petición de la Presidencia de Francia, encargada de proponer indicadores económicos que den cuenta de la situación de las personas y no sólo de las grandes empresas. Indicadores que reconozcan el impacto social de la actividad económica. La inestabilidad tiene su mayor sentido en relación con lo que provoca a los habitantes, con la manera en que afecta sus condiciones de vida.
Por eso importa la estabilidad. No es un fin en sí mismo. Es un requisito para que existan condiciones que permitan crear empleos decentes, esto es, empleos adecuadamente remunerados, que incorporen la participación de los asalariados en la marcha de la empresa, que permitan mejorar las condiciones de vida de los que trabajan y de sus familias. La estabilidad de las empresas financieras importa, pero importa también que cumplan con su cometido y que lo hagan en condiciones similares a las de los países en los que se ubican sus matrices. Que paguen una tasa de impuestos como en España, Estados Unidos, Francia o el Reino Unido, para que contribuyan al desarrollo nacional.
En este propósito el proyecto propuesto por López Obrador incorpora elementos novedosos. Ello es un reconocimiento de que las concepciones económicas dominantes han fallado, provocando millones de desempleados en el mundo entero. La propuesta avanza incorporando conceptos que son indispensables, como la ampliación de las responsabilidades del Banco de México. En cambio, el recién creado Consejo no será ni siquiera un parche. Será simplemente fútil.
