En este gobierno hay una violencia creciente y suman 28 mil los asesinatos registrados en el país, aseveró el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, al presentar un balance sobre la lucha contra la inseguridad.

Reconoció cinco rezagos del gobierno de Felipe Calderón en detener la espiral de violencia, disminuir de manera sostenida los delitos de secuestro y extorsión, golpear de manera significativa la capacidad financiera de las organizaciones criminales, así como profundizar las políticas sociales y generar mayor compromiso de Estados Unidos en materia de tráfico de armas o reducción de demanda.

Ante expertos en seguridad que participaron en la segunda sesión del diálogo convocado por el gobierno federal, Valdés analizó los resultados obtenidos en cinco aspectos y en el primer caso reconoció que seguimos teniendo un nivel de violencia relativamente reducido, pero creciente desde 2006-2007, y cuantificó en 28 mil el número de asesinatos.

Apenas el 16 de julio pasado, el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, había informado que la cifra de ejecuciones violentas ascendió a 24 mil 826. Valdés añadió que por la mayor presencia de las fuerzas armadas y la policía en distintas partes del país ha habido 963 enfrentamientos públicos en carreteras y calles entre crimen organizado y fuerzas del Estado, es decir, casi un enfrentamiento al día.

Para el director del Cisen, este es un indicador de que han logrado el entorpecimiento de la actuación de las organizaciones criminales; sin embargo, Valdés reconoció que no han logrado su propósito de recuperar las condiciones de normalidad en regiones afectadas por la delincuencia organizada. Afirmó: Tenemos una violencia creciente, como todo mundo lo sabemos con los registros de los medios de comunicación.

Acotó que si antes muchas policías locales estaban prácticamente tomadas por el crimen organizado, ahora hay un proceso de disputa y de lucha contra el Estado debido a la contrarreacción de los delincuentes.

Para justificar la lucha contra la criminalidad emprendida por el presidente Felipe Calderón señaló que en 2006 ya había una presencia generalizada de organizaciones delictivas en el país: los cárteles del Pacífico, Golfo-Zetas, antes de su división, así como los Arellano Félix y La Familia, y ya existían conflictos entre ellos.

Además, 71 por ciento de los mexicanos se sentían inseguros en la entidad donde vivían, pero no había recursos suficientes para la seguridad; el funcionario puso de ejemplo que el salario promedio de un policía era de 250 dólares al mes.

En el segundo punto evaluado aseguró que han logrado la división de los cárteles, una merma de las capacidades operativas por las detenciones de líderes y, sobre todo, de estructuras de mando intermedias operativas importantes.

Al desglosar los números señaló que han aprehendido a 20 mil integrantes del cártel Golfo-Zetas; 18 mil del Pacífico, 12 mil de Juárez y 9 mil de los Beltrán Leyva. Mencionó que han decomisado 34 mil 699 vehículos, 157 por ciento más que en el gobierno anterior, así como 84 mil armas, por lo que consideró claramente irrefutable que ha disminuido sustancialmente la operación de esas bandas.

Los avances incontrovertibles, según Valdés, son que las organizaciones criminales tienen menos espacios de impunidad en el territorio nacional, enfrentan división y debilitamiento, el Estado cuenta con mejores instrumentos jurídicos, operativos y tecnológicos para combatir la delincuencia.