En una zona gris conocida por todos pero de la que nadie se hace responsable es donde está situado el tema de las adopciones y la protección de los niños en situación de abandono. El descuido oficial es de tal magnitud que ni siquiera existe un registro de organizaciones privadas que funcionan como albergues y promueven la inserción de infantes en familias sustitutas. Tampoco se conoce la cantidad de menores que carecen de hogar ni el destino de aquellos que fueron adoptados.

Todo porque el Estado mexicano ha omitido cumplir con su responsabilidad y los compromisos adquiridos a escala internacional en instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño, que suscribió hace casi 20 años. En 2006, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas expresó su preocupación, entre otros asuntos, por la carencia de un mecanismo central para inscribir el prohijamiento y de que se favorezcan las adopciones por familias ricas, sin tener debidamente en cuenta el interés superior del niño ni su origen cultural.

Se refiere, de acuerdo con expertos en el tema, a los procedimientos que realizan organizaciones privadas, las cuales proliferaron entre 1989 y 1993 con diversos objetivos, como apoyar a los niños de la calle y a los afectados por alguna discapacidad. En ese auge también se crearon agrupaciones para, supuestamente, ayudar y orientar a las mujeres con embarazos no deseados, sobre la conveniencia de tener a sus hijos y, en todo caso, darlos en adopción.

Mario Luis Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), aseguró que a causa de la falta de control y registros mínimos, la puerta está abierta para la comisión de ilícitos graves, como el lucro y el tráfico de infantes con fines de explotación sexual, en el peor escenario.

Las historias son varias; la más reciente, la de Casitas del Sur, lugar donde supuestamente se daba albergue a niños en situación de abandono. De ahí desaparecieron 11 menores, cuyo paradero aún se desconoce. Y todo se ha reducido a un conflicto judicial en el que hay culpables pero no responsables. Lo mismo sucedió con la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, señaló Fuentes.

Otros son los casos de las personas que al amparo de una asociación civil ofrecen y comercian a los niños, recién nacidos principalmente, a los que dan en adopción al mejor postor, a veces en el mismo hospital donde se da el alumbramiento.

Son múltiples las historias que en el transcurso de los años se han registrado y ahí han quedado, porque el marco legal no alcanza para garantizar la protección efectiva de la infancia en México, afirmó Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Lo anterior, no obstante la existencia de las leyes para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, y la de Asistencia Social, en las cuales se plantea la obligación del Estado en este rubro.

La realidad es que la estructura gubernamental no cuenta con un organismo responsable de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la infancia. Ni el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) cumple con esta tarea, a pesar de que durante años estuvo en el imaginario social como la instancia protectora de ese sector de la población.

De hecho, carece de las facultades jurídicas y administrativas para desempeñar una función de rectoría a escala nacional, reconoció Mónica Ríos, directora general jurídica y de enlace institucional del DIF nacional. Los asuntos relacionados con la familia, incluida la adopción, son atribución de leyes y organismos estatales. No existe una relación de subordinación con respecto a la instancia federal.

A pesar de ello, indicó que en los pasados dos años el DIF nacional ha realizado algunas acciones encaminadas a convencer a las entidades federativas de la necesidad de armonizar las normas en el ámbito de las adopciones. Todo en la medida que la ley y las facultades lo permiten, puntualizó.

Resultado de foros regionales con jueces y magistrados de lo familiar y legisladores del país, los participantes acordaron como criterio principal que la adopción es una herramienta jurídica para restituir al niño su derecho a vivir en familia.

Sobre esa base tomaron una serie de acuerdos para eliminar situaciones que vulneran las garantías fundamentales de los infantes y limitan sus posibilidades para incorporarse a una familia, la suya o una sustituta.

En las conclusiones de los foros, jueces y legisladores acordaron, entre otras cuestiones, prohibir las adopciones directas, que se realizan como un arreglo sólo entre particulares; en todos los casos el certificado de idoneidad del o los interesados en adoptar a un niño será otorgado por una institución pública (el DIF), aunque el trámite haya sido promovido por una organización privada.

Además, los jueces verificarán que en el proceso no exista lucro, donativo o prestación económica de ninguna de las partes, y se favorecerá la figura de la adopción plena, con la cual el adoptado adquiere todos los derechos como hijo y miembro de una familia.

Para ser efectivos, estos y otros acuerdos deberán plasmarse en las leyes estatales, lo que queda a criterio de cada gobierno local, comentó Mónica Ríos. En algunos de ellos ha habido avances concretos, como en Durango, que en diciembre de 2009 promulgó la Ley de Adopciones estatal; el estado de México, que reformó su legislación para que todas las adopciones se realicen por conducto del DIF local; en Aguascalientes ya existe un proyecto de decreto para agilizar el trámite de pérdida de patria potestad, el cual en no pocas ocasiones es el principal obstáculo para que los infantes sean susceptibles de ser dados en adopción.

Para Mario Luis Fuentes, ex director del DIF nacional, el panorama es dramático, porque el Estado ha renunciado a su responsabilidad como rector de la política pública en materia de asistencia social y protección de la infancia, particularmente. Con el argumento de la descentralización, se ha dejado a los DIF estatales actuar a su libre albedrío.

A ello contribuyó el ex presidente Vicente Fox con la creación del Consejo de Infancia y Adolescencia, que asumió las responsabilidades que pertenecían al DIF nacional, recordó.

El organismo ya no existe, pero mientras, el DIF se pulverizó al grado de que en Chiapas el organismo fue sustituido en el año 2000 por el Instituto de Desarrollo Humano. Aunque en 2007 el gobernador Juan Sabines emitió un decreto por el que reconstruyó el DIF en la entidad.

Desde otra perspectiva, Martín Pérez García señaló el error cometido desde la creación del DIF. Su misión ha sido velar por el desarrollo integral de la familia, y por medio de ésta se ve a los niños, aun cuando la Convención sobre los Derechos del Niño los ubica como sujetos de derecho.

De ahí que los menores abandonados o callejeros no entran en el esquema del DIF y más bien quedan en un nivel secundario. Por eso, dijo, no hay el interés por contar con información sobre la cantidad de infantes que carecen de un hogar, aunque tampoco se dispone de otros datos como el monto del presupuesto destinado a la infancia.

En México viven 37 millones de personas menores de 18 años y, si acaso, es posible ubicar una cantidad mínima de dinero asignado en el presupuesto federal a este sector, como la compra de vacunas, otras acciones de salud, el dinero para el DIF y algunos aspectos en educación, las que en conjunto representan apenas 3 por ciento del gasto total del país, apuntó.

Un nuevo hogar

Los trámites de adopción que se realizan por conducto del DIF son gratuitos y por las reformas efectuadas en los años recientes, los solicitantes obtienen el dictamen de idoneidad en 100 días, contados a partir de que entregan su expediente completo, el cual se integra con base en los criterios establecidos en cada entidad. El requisito principal es que la o las personas tengan como objetivo ser padres.

Mónica Ríos comentó que después de los trámites los solicitantes pasan por una prueba mayor, que es la lista de espera por el limitado número de pequeños que son susceptibles de ser dados en adopción. Y es que generalmente requieren niños menores de cinco años de edad.

El día de la entrevista con este diario, el organismo tenía una lista de espera con 50 solicitantes ya aprobados para adoptar, los cuales llevaban tres años, en promedio, aguardando para poder cumplir su anhelo.

El DIF nacional cuenta con cuatro albergues, dos casas cuna y dos casas hogar, donde se encontraban 338 niños y niñas, de los cuales sólo 36 reunían las condiciones legales para acceder a una familia sustituta, pero con el problema de ser mayores de cinco años de edad.

A partir de este rango es más difícil que alguna persona se interese en adoptarlos, explicó la funcionaria, y menos aún si forman parte de un grupo de hermanos, pues éstos nunca son separados. Al momento de preparar esta información, en los albergues del DIF nacional ubicados en la ciudad de México había cuatro grupos de tres hermanos, y dos más con un par de ellos.

Independientemente del monto de sus ingresos, los solicitantes deben acreditar que se organizan y, aunque su salario sea bajo, que podrán ofrecer al niño la estabilidad y el amor que necesita. Así como la pobreza no es motivo para separar a un niño de una familia, tampoco lo es para negarle un hijo, aseguró la funcionaria.