La Procuraduría General de la República (PGR) interroga a Margarita Rojas Rodríguez y a Carlos Francisco Alberto Uranga, directora y subdirector del penal de Gómez Palacio, Durango, así como a los custodios José Guadalupe Díaz Ordaz y Roberto Enríquez Aguayo, por su presunta vinculación con grupos de la delincuencia organizada y las facilidades que otorgaron a reos para salir de esa cárcel con el fin de asesinar a presuntos miembros de bandas rivales; destaca el homicidio de 17 personas en un salón de fiestas de la ciudad de Torreón, Coahuila.

El Ministerio Público Federal informó que en un operativo de la PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, los ex funcionarios fueron trasladados a la ciudad de México en cumplimiento de una orden de localización y presentación para que comparecieran ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

Margarita Rojas Rodríguez, Carlos Francisco Alberto Uranga Orona, José Guadalupe Díaz Ordaz y Roberto Enríquez Aguayo son investigados por las autoridades federales por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y los que resulten, pues existen indicios de que permitieron a reos salir de la prisión en diversas ocasiones e inclusive les fueran prestadas armas de los custodios para ultimar a supuestos enemigos de su organización.

En calidad de indiciados, los cinco fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para rendir su declaración sobre los hechos que se les imputan.

Oficialmente la PGR informó que, “de acuerdo con las constancias de la indagatoria, la ex directora del Cereso, Margarita Rojas Rodríguez, permitía la salida del reclusorio a internos que pertenecían a grupos de la delincuencia organizada, a quienes proporcionaba vehículos y armas de fuego que tenían en resguardo los custodios del mencionado centro de reclusión, quienes realizaban múltiples ejecuciones en distintas zonas del estado de Coahuila, como las ocurridas en dos bares y en una quinta ubicados en el municipio de Torreón, donde 34 personas fueron privadas de la vida y varias resultaron lesionadas”.

En caso de que la PGR confirme la responsabilidad de los ex servidores públicos podría consignarlos, independientemente de las acusaciones que en su contra formulen las autoridades del fuero común.